En medio del debate legislativo sobre los contratos para la industrialización del litio, el gerente jurídico de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Pablo Nina, salió al paso de las críticas y observaciones surgidas en torno al acuerdo con la empresa china CBC.

En entrevista con radio Panamericana, Nina aseguró que los riesgos financieros del proyecto no recaen sobre el Estado y que el contrato prevé condiciones beneficiosas para el país, aunque su rentabilidad se definirá tras un estudio de factibilidad.

“El riesgo financiero está con la empresa”, afirmó el funcionario. Explicó que los costos de inversión serán reembolsados únicamente si se llega a la fase de comercialización del litio, y que el único ingreso para la compañía provendrá de la venta del carbonato de litio. “No estamos comprometiendo deuda externa”, recalcó.

Frente a las denuncias sobre condiciones contractuales desfavorables y altos costos de producción, Nina aclaró que el proyecto aún se encuentra en fase inicial y que será el estudio de factibilidad —a realizarse en el primer año— el que determinará si es técnica, económica, social y ambientalmente viable.

“No se puede afirmar ahora que habrá costos excesivos o daño ambiental si aún no se conoce el diseño final ni el volumen de agua requerido”, enfatizó.

Respecto al porcentaje de participación del Estado en los beneficios, Nina estimó que será de entre el %60 y el 75%, dependiendo del precio internacional del litio, además de los ingresos fiscales como el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). “No se puede analizar cláusula por cláusula sin ver los flujos de caja del proyecto”, dijo.

Sobre la consulta previa a las comunidades indígenas, en especial a las tierras comunitarias de origen (TCO) de los Lipes, donde se desarrollará el proyecto, el gerente jurídico sostuvo que este proceso se realizará una vez se cuente con información concreta sobre los impactos. “No es que no vamos a hacer la consulta, sino que primero debemos conocer el alcance real del proyecto. Hacerlo ahora podría invalidarla a futuro si cambian los datos”, advirtió.

Nina subrayó que el tratamiento de estos contratos responde a un procedimiento legislativo regular y que será la Asamblea Legislativa Plurinacional la que defina su aprobación. “Estamos simplemente cerrando el curso natural que establece la ley”, concluyó.