El Senado de Uruguay aprobará este miércoles el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, convirtiéndose así en el primer país de América Latina en legalizar este procedimiento. La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en agosto, tras una extensa sesión en la que legisladores de diferentes fuerzas políticas expresaron su respaldo.

El proyecto cuenta con el apoyo mayoritario del Frente Amplio, coalición de izquierda que domina la cámara alta. No obstante, al igual que en Diputados, la votación mostrará divisiones dentro de los partidos tradicionales, el Nacional y el Colorado. Según informó el diario El País, figuras como Graciela Bianchi (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado) votarán a favor, mientras que Robert Silva pedirá licencia para permitir la participación de su suplente, Ope Pasquet, impulsor del proyecto en la legislatura anterior. “Después de tanto luchar será parte”, expresó Silva, al destacar el rol histórico de Pasquet.

En las gradas del Palacio Legislativo estará presente Beatriz Gelós, paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace 19 años, cuya historia fue clave en el debate parlamentario. Gelós, de 71 años, apoyó públicamente el proyecto desde su experiencia personal marcada por la pérdida de movilidad y autonomía. “Sería feliz si pudiera hacer cualquiera de las cosas que antes hacía”, dijo en una entrevista previa. Su caso, junto con el de otros pacientes, fue utilizado como argumento para reforzar la importancia del derecho a decidir sobre el proceso de morir.

También asistirán organizaciones como Empatía Uruguay y Tenemos ELA, que impulsan la aprobación de la ley, mientras que el grupo Prudencia Uruguay —opositor a la medida— participará expresando su rechazo.

El texto legal establece que podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan enfermedades crónicas, incurables o irreversibles que “menoscaben gravemente su calidad de vida” y generen sufrimientos considerados “insoportables”. El procedimiento constará de ocho etapas, entre ellas la solicitud expresa del paciente, la evaluación de dos médicos independientes, la ratificación de su decisión y la expresión final de su “última voluntad”.

Durante el debate legislativo, los defensores del proyecto señalaron que la propuesta “regula y garantiza el derecho de las personas a morir con dignidad”, mientras que los detractores argumentaron que “no puede considerarse un derecho disponer de la propia vida”, advirtiendo sobre dilemas éticos y morales que la norma plantea.

De concretarse la aprobación, Uruguay marcará un hito en la región, abriendo el camino a un debate que ya se desarrolla en otros países latinoamericanos sobre el derecho a una muerte digna y la autonomía personal frente al sufrimiento terminal.