El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó una “política de abandono” en los centros de detención de Venezuela, donde miles de reclusos enfrentan hacinamiento extremo, falta de agua potable, alimentación insuficiente y ausencia total de atención médica.

Según la organización, esta situación no responde a una crisis coyuntural, sino a una política sistemática impulsada por el régimen de Nicolás Maduro.

La ONG cuestionó especialmente el uso prolongado de calabozos policiales como centros de reclusión, en contra de la ley que establece un máximo de 48 horas para detenciones preventivas.

En la práctica, muchos detenidos permanecen en estos espacios durante semanas o incluso años, sin condena ni defensa legal, lo que convierte la prisión preventiva en una pena anticipada.

El OVP también denunció que los familiares de los presos deben asumir la responsabilidad de proveer comida, agua y medicinas, muchas veces expuestos a extorsión y condiciones degradantes. Esta situación, señalan, constituye un castigo indirecto que afecta a todo el entorno del detenido.

La organización solicitó el cierre inmediato de estos calabozos y el cumplimiento de las normas internacionales sobre el trato a las personas privadas de libertad.

A su vez, pidió a la comunidad internacional no normalizar esta crisis, que consideran parte de un patrón sistemático de violación de derechos humanos en el país.