El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Marco Antonio Dávalos, reportó la muerte de seis trabajadores mineros en dos diferentes yacimientos mineros. Según el oficial, cuatro de los fallecidos laboraban a unos 150 metros de profundidad en una primera mina, cuando fueron sorprendidos por una acumulación letal de “gas de mina”. Sus compañeros retiraron los cuerpos para que se realicen las autopsias correspondientes. La causa de muerte fue determinada como intoxicación por inhalación de gas generado en el interior del socavón.

En un segundo incidente reportado en un yacimiento distinto, dos jóvenes mineros —de 20 y 25 años— fallecieron de manera instantánea en el tercer nivel del socavón, también situado a aproximadamente 150 metros de profundidad, al ser alcanzados por la emanación tóxica al intentar ascender de nivel.

Este nuevo episodio se suma a una trágica cadena de eventos similares en Bolivia, que ponen en evidencia la persistente vulnerabilidad del sector minero frente a las emanaciones nocivas:

En junio de 2025, dos socios de la Cooperativa 27 de Marzo, de Potosí, fallecieron al inhalar gases tóxicos en un área carente de ventilación adecuada. El vocero de la FELCC, Jorge Luis Mollinedo, informó que ambos ingresaron el jueves por la noche y fueron hallados sin vida al día siguiente. Con estos decesos, asciende a 60 el número de muertes vinculadas a la minería en lo que va del año, incluyendo 57 varones y tres mujeres radiokollasuyo.bo

En enero de 2025, cuatro mineros juveniles (entre 17 y 22 años) murieron en Potosí, tras ser afectados por gases en un sector denominado "cuadro central hundimiento" a una profundidad de 160 metros. La Fiscalía investiga el caso como homicidio culposo, y se han iniciado diligencias contra los propietarios de la cooperativa minera por la presunta falta de medidas de seguridad SWI swissinfo.ch infobae

La frecuencia de estas tragedias resalta una alarmante ausencia de protocolos de prevención básicos, como sistemas de ventilación, monitoreo de gases tóxicos, equipos de protección personal específicos y protocolos de emergencia adecuados. Además, estos casos plantean serias interrogantes sobre la supervisión estatal, los estándares de seguridad implementados por las cooperativas y la responsabilidad legal de quienes gestionan estas operaciones.