ONU reporta 34 casos de bolivianos vinculados a redes que los llevan al frente ruso
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania expresó su preocupación por el reclutamiento de ciudadanos extranjeros, entre ellos bolivianos, para combatir en la guerra y señaló que algunos fueron incorporados a las fuerzas rusas mediante engaños o coerción.
El organismo informó que extranjeros fueron contactados por redes de agentes e intermediarios que les ofrecían empleos civiles bien remunerados, además de pasajes y visas. Una vez en Rusia, algunos habrían sido obligados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa sin comprender el idioma ni las condiciones, para posteriormente ser enviados al frente.
El canciller Héctor Huanca informó que la Cancillería registró 34 solicitudes de asistencia consular de ciudadanos bolivianos vinculados al conflicto. Según explicó, se activaron gestiones diplomáticas y consulares para ubicar, proteger y facilitar la desvinculación de los connacionales.
Huanca también confirmó que cinco bolivianos fueron repatriados hasta este fin de semana. La Cancillería brindó asistencia a sus familias para conocer la situación de sus parientes, facilitar su ubicación y apoyar su retorno. El trabajo, según el canciller, se mantiene bajo confidencialidad en los casos que continúan en verificación.
La Comisión de la ONU señaló que algunos de los extranjeros reclutados murieron en combate, desaparecieron, resultaron heridos o fueron capturados por fuerzas ucranianas. El organismo también advirtió sobre las consecuencias para las familias que permanecen sin información sobre sus parientes.
En Bolivia, la Fiscalía informó que existen cuatro investigaciones por trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos, abiertas en Santa Cruz, Tarija y Beni, con hasta 31 posibles víctimas. En Santa Cruz, hasta agosto, se habían identificado alrededor de 16 personas.
La fiscal Giovana Castro señaló que en algunos casos se habrían utilizado ofertas de trabajo en áreas como albañilería y seguridad para captar a los ciudadanos. Las investigaciones también mencionan viajes financiados, visitas culturales en Rusia y contratos redactados en ruso antes del traslado a unidades militares.
Sin embargo, los casos no fueron iguales. Algunos ciudadanos sabían que viajarían para incorporarse a una confrontación bélica, mientras otros denunciaron haber sido contactados mediante falsas ofertas laborales. El informe de la ONU también establece que algunos extranjeros se incorporaron voluntariamente a las fuerzas militares de Rusia o Ucrania.
El caso tomó relevancia pública en julio en Santa Cruz, cuando familiares de Iván V. y José María S. realizaron velatorios simbólicos ante versiones sobre sus presuntas muertes en combate, sin contar con sus restos.
A principios de septiembre, otro ciudadano boliviano llegó a Viru Viru con asistencia oficial después de viajar a Rusia por una oferta laboral y terminar como combatiente. La Cancillería también realizó otras gestiones de repatriación con apoyo internacional y bajo reserva, a pedido de las familias.
Rusia, por su parte, rechazó cualquier responsabilidad oficial en el reclutamiento de ciudadanos bolivianos. Su Embajada en Bolivia negó vínculos con esas actividades y afirmó que los órganos gubernamentales rusos no estaban involucrados.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania tiene previsto presentar en octubre, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, los resultados de sus pesquisas sobre el reclutamiento de extranjeros para combatir en el conflicto.
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