El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, convocó al diálogo a las organizaciones sociales y sectores que rechazan la anulación de la subvención al diésel, al tiempo que advirtió que se aplicarán sanciones a quienes incurran en bloqueos de carreteras u otras medidas de hecho que vulneren el Estado de Excepción y la vigencia plena del Estado de Derecho.

Durante su intervención ante los medios, Aramayo justificó la medida económica argumentando que el subsidio mantenía un precio artificial del combustible que beneficiaba principalmente al contrabando, a la minería e industria ilegal y a los estratos de mayores ingresos, en lugar de a las poblaciones vulnerables. Explicó que la subida del barril de petróleo a casi 125 dólares tras el conflicto en Irán y un gasto estatal promedio de 55 millones de dólares semanales —alrededor de 2.600 millones de dólares anuales— erosionaron las reservas internacionales y de oro del país.

Para mitigar el impacto del nuevo costo del diésel, el ministro anunció un paquete de medidas de protección social y apoyo financiero de aplicación inmediata, entre las que destacan el pago del bono PEPE y la habilitación de 800 millones de dólares en créditos preferenciales con una tasa anual referencial del 6%, destinados a transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes y productores, con montos directos de entre Bs 50.000 y Bs 400.000. Asimismo, destacó la aprobación de financiamiento internacional del FMI por 1.900 millones de dólares y del BID por 500 millones de dólares para inyectar liquidez y reactivar la economía.

Finalmente, el titular de la Presidencia enfatizó que los ministerios de Gobierno y Defensa tomaron las previsiones correspondientes ante probables movilizaciones. Exhortó a la dirigencia a evitar escenarios de confrontación en las calles, recordando que anteriores medidas de presión de 53 días dejaron pérdidas de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares y afectaron a cerca de 250.000 empleos.