Las declaraciones de la presidenta del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), Ruth Nina Junachi, durante un ampliado del evismo en Lauca Ñ, el sábado 12 de julio, siguen dando mucha tela que cortar, y están generando a su autora una serie de denuncias y críticas de parte de diversos actores e instituciones.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pidió ayer que se actúe con drasticidad y firmeza contra la dirigente, tras haber dicho que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno iban a “contar muertos en lugar de votos” en las próximas elecciones generales. Además de exhortar a la Fiscalía a iniciar acciones penales, el magistrado cuestionó duramente el contenido de las afirmaciones de Nina, calificándolas como inaceptables en una sociedad democrática.

“Yo le diría que vaya y cuente sus problemas a Dios, que le pida perdón, porque no podemos hablar de contar muertos en una sociedad civilizada”, afirmó Saucedo, en una declaración pública desde la sede de Gobierno, en el marco de los festejos cívicos del departamento paceño.

Asimismo, el presidente del TSJ remarcó que si la Fiscalía emite una orden de aprehensión, corresponde aplicar “todo el peso de la ley”. Agregó que los jueces deben actuar con rigor frente a declaraciones que, a su juicio, incitan a la sedición y buscan generar violencia. “Que visite un psicólogo”, concluyó el máximo responsable del TSJ, aludiendo al tono del discurso de Nina. Pero además, las declaraciones de la dirigente política y aliada de Evo Morales han derivado en al menos dos denuncias formales ante el Ministerio Público.

La primera fue presentada en Santa Cruz por la diputada opositora Luisa Nayar, y la segunda, en Cochabamba, por Leonilda Galindo, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

Nayar, legisladora de Comunidad Ciudadana (CC), presentó el lunes una denuncia penal contra Nina en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, que busca el procesamiento de la dirigente de PAN-Bol por los delitos de instigación pública a delinquir, amenazas, coacción electoral y obstaculización de procesos electorales.

La segunda, presentada por la representante del Conade, suma el delito de terrorismo. Y hay una tercera denuncia anunciada desde La Paz, aunque aún no fue confirmada de forma oficial.

Jurisdicción Sobre este tema, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público se encuentra analizando las denuncias y valorando la jurisdicción competente para dar inicio a las investigaciones. Según explicó, será necesario establecer con precisión el lugar en el que Nina realizó las declaraciones para determinar la sede del proceso judicial.

“Hay que tomar en cuenta varios aspectos, por ejemplo, donde se habría procedido (a dar) la declaración que ha realizado esta ciudadana, para determinar en qué jurisdicción se debería iniciar la investigación”, manifestó la autoridad fiscal.

El rechazo a las declaraciones de la dirigente también se ha manifestado desde el ámbito cívico. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, criticó con dureza la postura de Nina y desafió a la aliada de Evo Morales a que ratifique sus palabras frente a un juez.

El presidente cívico acusó a la líder de Pan-Bol de intentar interrumpir el proceso electoral en beneficio de Evo Morales, a quien calificó como “delincuente y terrorista”, recordando que en 2019, la misma Nina exigía que Morales no sea candidato a la presidencia.

En la capital cruceña, los concejales Maykol Negrette y Marcelo Vidaurre, a nombre del Concejo Municipal cruceño, también rechazaron las declaraciones de la dirigente política y destacaron el compromiso que tiene el legislativo municipal en la defensa de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza los derechos, deberes y la convivencia pacífica.

Anteriormente, ya habían expresado su rechazo a las declaraciones de Nina varios candidatos de los frentes en carrera, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz y la Brigada Parlamentaria Cruceña.

Mientras se multiplican las críticas y se formalizan las querellas, la situación de Ruth Nina se complica en medio de una creciente presión pública e institucional para que se sancionen con severidad sus declaraciones, pero la presidenta de PAN-Bol ratificó su posición sobre el tema e incluso llegó a desafiar a que la encarcelen.