El gobierno de Estados Unidos, a través de una reciente determinación presidencial, incluyó a Bolivia en el grupo de países que, según su evaluación, han fallado en cumplir sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. A pesar de que el informe reconoce incautaciones de cocaína y la colaboración en procesos judiciales, como el del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, Washington advirtió que aún queda "mucho por hacer" para garantizar un control sostenido en el país.

La Casa Blanca expresó su preocupación por la capacidad institucional de Bolivia para evitar que los grupos de narcotráfico fortalezcan sus operaciones en el territorio nacional. Si bien el informe valora los pasos iniciales de cooperación, subraya que Bolivia debe mostrar resultados más consistentes en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en la erradicación de redes criminales que operan en su jurisdicción y que amenazan la seguridad regional.

En el caso particular de Bolivia, el reporte estadounidense enfatiza la necesidad de que las autoridades impidan que el excedente de producción de coca, más allá de lo permitido para el mercado legal, sea desviado a la producción de cocaína ilegal destinada a la exportación. Se recordó que la efectividad en la lucha antidrogas no se mide únicamente por las cifras de incautaciones, sino por la solidez de las instituciones para combatir a las organizaciones criminales de manera estructural.

Bolivia fue incluida en esta lista junto a Afganistán, Birmania, Colombia y Venezuela, países a los que Estados Unidos acusa de no haber demostrado los esfuerzos efectivos necesarios para la reducción de cultivos ilícitos y la persecución de redes de narcotráfico. El informe detalló la crisis de cultivos de coca en Colombia y acusó al gobierno venezolano de encabezar una de las redes criminales más grandes del mundo, lo que contextualiza la situación boliviana dentro de un panorama regional complejo.

La determinación presidencial, además de tener implicaciones diplomáticas, abre la posibilidad de que Estados Unidos mantenga su asistencia al país bajo la condición de que el gobierno boliviano fortalezca sus instituciones de control. En su conclusión, el reporte instó a Bolivia a consolidar esfuerzos sostenidos, mejorar la cooperación internacional y, fundamentalmente, asegurar que su territorio no se convierta en un refugio seguro para narcotraficantes.