La diputada Lissa Clara, representante de la bancada Libre, informó este martes la presentación formal de una denuncia penal contra el actual ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. La acción legal surge tras los recientes hallazgos de presuntas irregularidades y sabotaje en la cadena de importación y manejo de combustibles que afectaron al mercado nacional.

Denuncia por presunta corrupción y solicitud de arraigo La legisladora señaló que existen indicios suficientes para investigar responsabilidades administrativas y penales dentro del sector estratégico de hidrocarburos.

Contra el Ministerio: La denuncia busca esclarecer el grado de conocimiento o participación de las autoridades de turno en el esquema de adulteración de carburantes detectado recientemente.

Pedido de arraigo: De manera adicional, Lissa Clara solicitó de manera pública a las autoridades judiciales que se dicte el arraigo inmediato contra el expresidente de YPFB, para evitar cualquier riesgo de fuga mientras avanzan las investigaciones sobre el desvío de combustible en las rutas internacionales.

Transparencia en YPFB: La diputada enfatizó que la estatal petrolera debe ser sometida a una auditoría profunda para identificar a todos los involucrados en el robo de gasolina y su posterior reemplazo con agua y aceite usado.

Postura de la bancada Libre Desde la bancada Libre aseguran que realizarán un seguimiento estricto al caso, considerando que el daño económico al Estado y el perjuicio al parque automotor boliviano son cuantiosos.

Fiscalización: "No permitiremos que este caso quede en la impunidad; la población merece saber quiénes permitieron que combustible de mala calidad llegue a sus vehículos", manifestó Clara durante su intervención.

Mesa de investigación: Se prevé que en los próximos días la Comisión de Hidrocarburos de la Cámara de Diputados cite a comparecer a las autoridades mencionadas para que brinden un informe detallado sobre los protocolos de control vigentes.

La denuncia penal ya se encuentra en manos del Ministerio Público, que deberá determinar el inicio de las investigaciones preliminares contra el ministro y los exfuncionarios señalados.