El gobierno de Bolivia proyecta regresar a los mercados crediticios internacionales a finales de 2026 o principios de 2027, con el objetivo de obtener hasta US$5.000 millones en préstamos multilaterales, según informó el ministro de Finanzas, José Gabriel Espinoza.

Espinoza explicó que aproximadamente la mitad de los créditos en negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento (CAF) se destinarán a proyectos de transporte, energía e infraestructura del sector privado. “Estos US$4.000 a US$5.000 millones no serán estrictamente deuda pública. Una buena parte se utilizará para apalancar el desarrollo del sector privado”, precisó el ministro.

El presidente Rodrigo Paz, que asumió el cargo este mes tras dos décadas de gobiernos socialistas, busca enfrentar la crisis económica y restaurar la credibilidad del país ante inversores. Según Espinoza, la extensión de líneas de crédito a comerciantes de combustibles ha ayudado a eliminar las largas filas para comprar gasolina y diésel, reflejando un renovado apoyo internacional y confianza en la economía.

El ministro aseguró que los pagos puntuales de los préstamos y la disminución del riesgo país permitirán a Bolivia emitir nuevos bonos a principios de 2027. “El impago no es una opción”, afirmó Espinoza, refiriéndose también a un pago de US$333 millones que vence en marzo sobre un eurobono con vencimiento en 2028.

En cuanto a la industria del oro, Espinoza anunció la creación de un banco del oro con capital público y privado, que permitirá supervisión gubernamental y fomentará una minería formal y regulada ambiental y laboralmente.

La CAF ya aprobó un programa de apoyo a Bolivia por US$3.100 millones para los próximos cinco años, de los cuales US$550 millones serán desembolsados a corto plazo. Bajo la administración Paz, el crédito exterior tendrá un enfoque más orientado al sector privado, a diferencia de la gestión anterior, que se centraba principalmente en el sector público.

En el sector de hidrocarburos, el gobierno planea recortar subsidios de combustible, manteniendo un apoyo focalizado y transfiriendo la distribución al sector privado, mientras YPFB seguirá abasteciendo las zonas remotas. Para el tercer trimestre de 2026 se esperan cambios en la forma en que empresas privadas nacionales y extranjeras importan y distribuyen combustibles, incluyendo inversiones en capacidad de almacenamiento y regionalización de la distribución.

Entre los desafíos pendientes, la administración de Paz enfrenta la caída de la producción y exportación de gas, por lo que se prevé una reforma de la ley de hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera y reponer reservas.