Debate sobre subvención: carburantes y pan en la mira del gobierno
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció un ciclo de reuniones con varios sectores, incluyendo jubilados, para ordenar la administración estatal y evaluar el tema de las subvenciones, calificando como insostenible la subvención a los carburantes. En 2025, el monto destinado a hidrocarburos y alimentos suma más de 15.900 millones de bolivianos, una cifra que el Gobierno busca reducir. La medida también busca eliminar la corrupción que se ha generado alrededor de estos subsidios, según el ministro.
El analista económico Darío Monasterio y el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, coincidieron en que la eliminación de la subvención a los carburantes debe ser gradual y focalizada, aplicada en un plazo de seis meses a un año. Romero advirtió que tocar este tema es delicado, ya que podría generar una espiral inflacionaria en un contexto de recesión, por lo que sugirió la creación de mesas técnicas de debate con todos los sectores sociales y económicos para evitar un costo social.
El sector de panificadores independientes, encabezado por Dandy Mallea, solicitó al viceministro Gustavo Jáuregui eliminar la subvención a la harina, señalando que esta solo ha servido para el "negocio" de los panificadores federados. El ministro interino de Desarrollo Productivo, Óscar Justiniano, confirmó que la subvención a través de Emapa subsidiaba más del 80% del costo de los insumos (harina, manteca, levadura y azúcar), generando un daño económico. Los panificadores independientes aseguraron mantener el precio del pan de 70 gramos a Bs 0,70.
El debate se centra en el gasto fiscal —que solo el año pasado para carburantes fue de $2.400 millones— y la distorsión de precios que la política de subvención ha generado por más de 20 años. El economista Antonio Saravia sentenció que "los subsidios son una fantasía que nunca dura", mientras se recordó que Bolivia se encuentra entre los países con la gasolina y el diésel más barato del mundo. El Gobierno tendrá la última palabra en el plazo de 10 días para dar respuesta a los sectores.
Noticias relacionadas
- La Asunta declara emergencia por lluvias que colapsaron caminos y puentes
- Magistradas denuncian a prorrogados del TCP por falsedad ideológica
- Paz advierte dificultad para desmantelar institucionalidad corrupta del MAS
- Piden comisión multipartidaria para investigar corrupción en la COB
- Debate sobre subvención: carburantes y pan en la mira del gobierno