La Asociación de Municipios de Tarija (AMT) planteará de manera formal al Gobierno nacional la devolución del 12% de los recursos retenidos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El encuentro de alto nivel ha sido confirmado para este próximo martes en la ciudad de Tarija, escenario donde la asfixia económica de las regiones será el eje central del debate.

El presidente de la AMT y alcalde de la ciudad de Tarija, Johnny Torres Terzo, ratificó la realización de la reunión con las autoridades estatales y detalló los alcances del reclamo financiero. Torres explicó que el conflicto normativo arrastra un saldo pendiente desde la gestión 2020; tras un desembolso parcial efectuado en su momento por la expresidenta Jeanine Añez, quedaron pendientes los cinco años correspondientes a la administración de Luis Arce Catacora, periodo en el cual —según denunció— se continuó aplicando el descuento sin revertir inversiones efectivas en favor de las regiones. “O sea, el anterior gobierno estafó a los municipios”, sentenció la autoridad edil, quien precisó que el objetivo actual es coordinar fórmulas de restitución de fondos junto al viceministro Adrián Oliva y representantes técnicos de los Ministerios de Planificación y de Economía y Finanzas Públicas.

De acuerdo con las estimaciones técnicas presentadas por el titular de la AMT, tan solo el municipio capitalino de Tarija podría recuperar más de 50 millones de bolivianos mediante esta devolución, un flujo de caja crítico que permitiría a las once alcaldías del departamento cerrar la presente gestión fiscal sin inconvenientes financieros. Torres Terzo recordó que este descuento se originó en el año 2016 bajo la promesa gubernamental de devolver los recursos una vez que se consolidara el descubrimiento de nuevas reservas de gas natural y condensado, un escenario exploratorio que finalmente no prosperó. "El IDH no solamente está retenido en 12%, tiene un montón de confiscaciones que tienen que terminarse", fustigó la autoridad, cuestionando además la viabilidad de las autonomías municipales, subgobernaciones y universidades hacia el año 2027 debido a un modelo centralista donde el nivel central del Estado retiene el 91% de los recursos totales del país, dejando apenas un 9% a distribuir entre 335 municipios, nueve gobernaciones y diez universidades públicas. Finalmente, Torres concluyó que este esquema fiscal centralizado es el origen de las protestas del sector social y abogó por un debate profundo hacia el federalismo como alternativa para resolver los problemas económicos desde las regiones.