En un contexto marcado por continuas filas en las estaciones de servicio y dificultades en la distribución de combustible en el país, el Gobierno nacional oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La determinación se ejecuta de manera consecutiva a la medida aplicada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), argumentando observaciones e insuficiencias en el control y la fiscalización del flujo de carburantes.

Mediante disposición gubernamental, se estableció que el proceso de intervención institucional tendrá una duración inicial de hasta 180 días calendario. Durante este lapso, una comisión designada asumirá las facultades operativas para fiscalizar los procedimientos administrativos internos, evaluar la gestión de los controles en surtidores y aplicar ajustes que permitan transparentar la supervisión de la oferta de diésel y gasolina.

La decisión gubernamental genera diversas reacciones entre los sectores de transporte e industrias productivas, quienes señalan que la fiscalización técnica debe ir acompañada de soluciones directas para asegurar la llegada oportuna de combustible a los puntos de expendio. En las próximas jornadas, la comisión interventora prevé emitir diagnósticos sobre la situación operativa de la entidad reguladora.