Transportistas impulsan denuncias penales por daños en motores
La crisis por la presunta mala calidad de la gasolina en Bolivia comenzó a judicializarse, luego de que sectores del transporte de al menos cuatro departamentos anunciaran denuncias penales contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y autoridades del Estado, por los daños ocasionados en motores de vehículos y motocicletas.
En Tarija, representantes del Transporte Libre confirmaron que se sumarán a una demanda penal promovida por su dirigencia nacional, señalando a YPFB Logística y a la ANH como responsables de una presunta incorrecta mezcla de etanol con gasolina, lo que habría provocado daños mecánicos en sus motorizados. El dirigente Luis Casso afirmó que el sector decidió adherirse a la acción legal tras reportarse fallas en válvulas de vehículos que cargaron combustible.
Las denuncias se producen en medio de movilizaciones registradas en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, donde transportistas bloquearon vías y se concentraron frente a instalaciones de YPFB y la ANH, exigiendo resarcimiento económico por los gastos en reparaciones. Dirigentes advirtieron que, si no se convoca al diálogo hasta el domingo 8 de febrero, las medidas podrían radicalizarse con una huelga indefinida.
En ese contexto, el senador Leonardo Roca, de Alianza Libre, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía e instó a los ciudadanos afectados a remitir cartas con respaldo de pagos por reparaciones, con el objetivo de cuantificar los daños y gestionar compensaciones. El legislador afirmó que corresponde investigar responsabilidades por la distribución de combustible de deficiente calidad.
Por su parte, el presidente de YPFB, Yussef Akly, aseguró que la estatal identificó y aisló el problema técnico que afectó a la gasolina distribuida y afirmó que el combustible que actualmente llega a los surtidores cumple con los parámetros de calidad. Asimismo, informó que se abrieron espacios de diálogo con los sectores afectados en Santa Cruz y La Paz para analizar los reclamos, sin comprometer compensaciones hasta concluir evaluaciones técnicas.