El presidente Rodrigo Paz instruyó realizar una investigación “minuciosa” sobre las diferentes denuncias que surgieron en torno al exasesor argentino Fernando Cerimedo. El Gobierno anunció que se incorporó como parte coadyuvante en la investigación abierta de oficio por la Fiscalía de La Paz por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La decisión fue comunicada este miércoles por el viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García, quien informó que el Ejecutivo recibió una instrucción expresa desde el despacho presidencial para investigar cada uno de los hechos y acusaciones que rodean al consultor argentino.

“El día de ayer hemos recibido una instrucción expresa de parte del despacho presidencial de poder realizar una investigación minuciosa en relación a cada uno de los hechos que se han señalado”, afirmó García durante una conferencia de prensa.

El viceministro explicó que el Gobierno puso a disposición del Ministerio Público la información que pueda contribuir al esclarecimiento de las acusaciones realizadas por Nadia Beller, expareja de Cerimedo y víctima de un ataque armado ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.

“Todo debe investigarse, todo debe esclarecerse. Es por eso que nosotros nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía con la finalidad de que podamos llegar al fondo de cada una de estas afirmaciones”, sostuvo la autoridad.

Sin embargo, García aclaró que la investigación penal iniciada en La Paz está dirigida actualmente contra Cerimedo por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Explicó que la Fiscalía será la instancia encargada de establecer quiénes podrían tener participación en los hechos que son investigados.

“Esta investigación está a cargo de la Fiscalía, tiene un director funcional y será el fiscal de materia a cargo quien considerará, en todo caso, quiénes tendrían o no participación en el hecho que se investiga”, precisó.

Las denuncias surgieron después del ataque armado contra Beller, quien recibió tres disparos cuando se encontraba en el ingreso de un hotel en Santa Cruz de la Sierra. Desde una clínica, la mujer señaló a Cerimedo como presunto autor intelectual del ataque y lo acusó de operar una red de corrupción y negociados.

La decisión de Paz amplía las acciones anunciadas previamente por el Gobierno en relación con este caso. El lunes, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, había informado que un equipo jurídico analizaba las medidas que podía asumir el Ejecutivo frente a las denuncias.

En el marco de la investigación patrimonial abierta en La Paz ya se realizaron cinco allanamientos. Durante estos operativos fueron secuestrados más de Bs 500.000, además de dinero en dólares y euros, documentación, equipos tecnológicos, un teléfono satelital y dispositivos descritos preliminarmente como una “mini granja de bots”.

Asimismo, la Fiscalía solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras un informe destinado a establecer el origen, destino y titularidad de los recursos relacionados con Cerimedo.

El caso por legitimación de ganancias ilícitas se desarrolla de manera independiente al proceso iniciado en Santa Cruz por feminicidio en grado de tentativa. Por este último proceso, Cerimedo cumple 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola, señalado como presunto autor intelectual del ataque contra Beller. Su defensa rechaza las acusaciones.

A estos procesos se suma una investigación por violencia contra la mujer y otra pesquisa iniciada en Beni por una supuesta protección a vuelos irregulares presuntamente relacionados con el narcotráfico. La Fiscalía de ese departamento aclaró que este último caso se encuentra en una etapa preliminar y que cualquier responsabilidad deberá establecerse sobre la base de elementos concretos.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía de La Paz convocó para este miércoles a Nadia Beller y a la directora general de Comunicación Estratégica del Estado, Ximena Galarza, en calidad de testigos. Ambas declaraciones fueron fijadas para las 16:30.

De esta manera, el Gobierno sostiene que las diferentes denuncias deben ser investigadas y esclarecidas, mientras las autoridades judiciales avanzan por separado en los procesos abiertos en distintos departamentos.