La atención médica en Santa Cruz atraviesa una crisis prolongada marcada por huelgas continuas, saturación hospitalaria, déficit de camas y falta de presupuesto. Los hospitales públicos suman ya más de un mes sin atención regular, mientras los pacientes enfrentan largas esperas, diagnósticos postergados y tratamientos interrumpidos.

Desde hace más de dos semanas, los centros de salud operan de forma restringida debido a un paro que exige el pago de un bono de vacunación. Esta medida se suma a una seguidilla de protestas que, desde enero hasta agosto, han interrumpido la atención por 36 días, según el recuento realizado por usuarios afectados.

Carteles escritos a mano anuncian la continuidad del paro en hospitales como el San Juan de Dios. En sus pasillos saturados, pacientes esperan durante horas o incluso días para recibir atención de emergencia.

Las salas están colapsadas, las camillas se acumulan una junto a otra y el personal de salud, agobiado, intenta responder como puede ante un sistema que los supera.

Muchos enfermos aguantan el dolor en silencio; otros, desesperados, reclaman atención. Una madre que aguardaba noticias de su hijo criticó el trato recibido y la falta de respuesta oficial: “Yo solo pregunté cómo estaba mi hijo y me respondieron mal.

Un profesional debería atender como corresponde”. Aun así, también apuntó al Gobierno por el abandono al sistema de salud: “No es solo culpa de los médicos, los políticos deben mejorar el SUS”.

El caso de Marisol Ollesco es reflejo de la situación. Su hijo, con una rotura de menisco, tuvo que esperar una semana para acceder a urgencias.

La familia no pudo pagar los Bs 25.000 que costaba la cirugía en el sector privado. “Ya tenemos todo listo, aquí solo hemos comprado los materiales, pero hay que esperar espacio”, contó.

La falta de camas es una constante incluso fuera de las huelgas. Según datos de la Fundación Jubileo, Bolivia cuenta con solo 1,39 camas por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del estándar de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda 2,5. De las 16.680 camas registradas en 2022, solo el 50,7% pertenecen al sistema público.

La carencia se extiende al personal de salud. El país cuenta con 13,5 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando la OMS recomienda al menos 15.

La situación es más grave en enfermería: se necesitan 15 licenciadas por cada 10.000 habitantes, pero Bolivia solo tiene 8,6. Para cubrir la demanda, se requeriría aumentar un 10% el número de médicos y un 40% de enfermeros.

El gasto en salud en Bolivia continúa siendo bajo en relación con la región. En 2022, se destinaron $us 3.514 millones, de los cuales $us 1.854 millones fueron al sector público.

Esto representa el 8% del PIB nacional, por debajo del promedio regional del 8,2%. Países como Brasil, Argentina y Uruguay superan el 9%.

El gasto por habitante es también reducido, alcanzando apenas $us 292,7. A esto se suma una caída del 30% en los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), según informó Marcelo Kramer, secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación cruceña. Esta reducción impacta directamente en la posibilidad de cumplir con demandas salariales, como el bono de vacunación.