La comisión de Transparencia detectó posibles delitos, vacíos documentales y responsabilidades de jueces, funcionarios y particulares en el caso del predio

El informe de la comisión de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el caso del mercado Mutualista establece la existencia de una cadena de presuntas irregularidades, falsedades y posibles delitos que involucran a jueces, exautoridades, funcionarios municipales, concejales y particulares.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, fue el encargado de presentar los resultados de la revisión de actuados procesales y administrativos, señalando que se identificaron observaciones en el registro del predio en Derechos Reales. Según el informe, se solicitó documentación notarial relacionada con la transferencia del inmueble, pero no se encontró la minuta original ni copias de identificación de los intervinientes, lo que abre interrogantes sobre la validez del registro.

Asimismo, el documento señala que en una declaratoria de herederos de 1989 no se consignan los predios del mercado Mutualista ni bienes inmuebles, sino únicamente activos financieros en el extranjero, lo que genera observaciones sobre la inexistencia de reclamos previos sobre el predio.

El TSJ también identificó posibles responsabilidades en decisiones judiciales vinculadas a acciones constitucionales, indicando que algunas actuaciones habrían sido realizadas sin competencia y posteriormente derivadas en fallos que beneficiaron a una de las partes. En ese marco, se anunció que se remitirán antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura para el inicio de investigaciones.

Otro punto observado en el informe es la existencia de inconsistencias en certificaciones de identidad emitidas por el Segip, además de cuestionamientos sobre la entrega de documentación del predio, que habría sido objeto de denuncias por presunta falsedad.

El presidente del TSJ indicó que los plazos legales aún permiten la activación de recursos para reabrir o ampliar investigaciones, mientras que distintos actores políticos y sociales ya anunciaron acciones legales para profundizar el caso.