La medida busca garantizar el suministro, pero genera críticas por su impacto económico

El Gobierno nacional estableció un precio referencial de Bs 11,50 por litro de diésel sin subvención para los sectores minero y agropecuario, con el objetivo de aliviar la crisis de abastecimiento que afecta a estas industrias estratégicas. La medida es clave para garantizar el suministro del combustible, especialmente para la cosecha de verano en el oriente del país, que requiere 70 millones de litros.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, explicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) utilizará “activos virtuales” para financiar la importación de combustibles, aunque no precisó de qué recursos se trata. “El precio de 11,50 bolivianos refleja los costos logísticos, de importación y almacenaje”, señaló.

La decisión se toma en un momento crítico para YPFB, que enfrenta dificultades en la importación de combustibles debido a la falta de divisas y la falta de aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa. Gallardo indicó que más de $us 1.667 millones en préstamos están paralizados desde hace 26 meses, lo que afecta la capacidad de la estatal petrolera para abastecer el mercado. “Somos como un avión que vuela con una sola ala”, afirmó el ministro.

El nuevo precio triplica el valor subsidiado (Bs 3,72) y se acerca al costo en el mercado paralelo. Sin embargo, las autoridades consideran que los sectores agropecuario y minero pueden asumir este incremento. A pesar de ello, la medida ha sido cuestionada por la oposición y el sector privado, que exigen al Gobierno garantizar el abastecimiento a nivel nacional.

Pablo Demeure, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), advirtió sobre el impacto económico del desabastecimiento y criticó la falta de soluciones efectivas. “El Estado tiene la obligación de asegurar la provisión de carburantes. La crisis tendrá efectos gravísimos en la economía”, afirmó.

El analista energético Álvaro Ríos, por su parte, señaló que la medida refleja la “falencia del modelo económico boliviano” y la caída en la producción de hidrocarburos. “El país no tiene con qué pagar la importación de combustible”, declaro cuestionando la falta de acciones oportunas para resolver el problema.