La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley que dispone el traspaso de la responsabilidad financiera del pago de los prediarios y del bono de vacunación al Gobierno central. Las deudas generadas con anterioridad al año 2026 continuarán bajo la responsabilidad de las gobernaciones departamentales. Tras su aprobación en la Cámara Baja la noche del jueves, el proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores para su posterior tratamiento.

La norma plantea la derogación del artículo 10 de la Ley 3302, disposición vigente desde 2005 que establecía la obligación de las gobernaciones de cubrir estos gastos utilizando recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Con la implementación de este cambio normativo, la medida no representará un recorte en los ingresos de los gobiernos departamentales, permitiéndoles liberar fondos destinados a sus propias inversiones.

Una vez promulgada la ley, el Ministerio de Gobierno asumirá el pago de los prediarios dirigidos a los privados de libertad en los recintos penitenciarios del país. Por su parte, la financiación del bono de vacunación pasará a depender directamente del Ministerio de Salud y Deportes.

La decisión fue bien recibida por autoridades subnacionales. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó su satisfacción con la resolución aprobada por los diputados y manifestó su expectativa de que reciba el mismo respaldo en la Cámara Alta. Velasco precisó que para el departamento cruceño ambas obligaciones económicas representan un gasto superior a los 60 millones de bolivianos, montos que bajo el nuevo esquema deberán ser asumidos por el nivel central para permitir la atención de competencias propias.

Asimismo, Velasco reiteró la posición departamental de asumir mayores responsabilidades y competencias siempre que se asignen los recursos correspondientes, señalando la disposición de asumir integralmente el sistema penitenciario y la salud cuando se cuente con las atribuciones y fondos requeridos. Por su parte, la gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva, coincidió en destacar la relevancia de la medida, calificándola como un paso importante para la totalidad de las gobernaciones del país.