Diputados aprueban proyecto de ley de preclusión para blindar elecciones de 2025
La norma evitaría que etapas concluidas del proceso electoral sean revisadas. La ley fue enviada al Senado para su análisis.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en sus dos estaciones, el proyecto de ley de preclusión, una norma que busca consolidar el avance del proceso electoral rumbo a los comicios generales del 17 de agosto de 2025. La iniciativa fue remitida al Senado para su revisión y eventual aprobación.
La propuesta legislativa, impulsada en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), establece que las etapas concluidas del proceso electoral no podrán ser revisadas posteriormente, lo que busca evitar retrocesos que afecten el cronograma electoral.
“La bancada del MAS está cumpliendo con los compromisos asumidos con el TSE en relación a esta ley de preclusión”, declaró la diputada oficialista Lidia Tupa durante la sesión.
Sin embargo, desde la oposición surgieron críticas a la norma. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandra Camargo, expresó su rechazo al proyecto, al considerar que podría blindar un eventual fraude electoral. “¿Si hay fraude nosotros tenemos que esperar callados? Blindar un posible fraude es aberrante. Yo no voy a aprobar”, afirmó en su intervención.
El principio de preclusión ya se encuentra incluido en la Ley 026 de Régimen Electoral, aunque no fue respetado en el proceso frustrado de elecciones judiciales. Con esta nueva norma, el TSE pretende reforzar su aplicación y evitar conflictos legales que puedan poner en riesgo la realización de las elecciones generales.
Por otro lado, el proyecto de ley sobre paridad de género en los binomios presidenciales fue postergado para una próxima sesión. El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, explicó que aún existe “mucha divergencia en el contenido” de ese texto, por lo que se determinó su aplazamiento.
Desde Comunidad Ciudadana, el diputado Walter Villagra propuso postergar el tratamiento del tema hasta la próxima legislatura, argumentando que se trata de una norma que requiere mayor consenso.
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