El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Marcelo Yamil García, denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales con el objetivo de frenar las investigaciones que su despacho impulsa contra la Aduana Nacional. La autoridad informó que los mensajes contienen advertencias explícitas y una serie de consecuencias si no detiene los procesos en curso, lo que calificó como actos de amedrentamiento para obstaculizar la lucha contra la corrupción.

García señaló que las amenazas serán formalmente denunciadas ante el Ministerio Público y que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía y del Ministerio de Gobierno, con el fin de activar medidas inmediatas de protección y de investigación penal. Afirmó que no se esperará a que ocurra un hecho grave para recién reaccionar y advirtió que estas acciones reflejan la existencia de una estructura que busca impedir que se conozca la verdad.

El viceministro anunció además que se darán a conocer nuevas denuncias y hallazgos en la ciudad de La Paz, asegurando que las presiones no detendrán las investigaciones. Reiteró que la lucha contra la corrupción no es negociable y que se están tocando intereses económicos de gran magnitud.

Las amenazas se producen luego de que la pasada semana se hicieran públicas graves denuncias por un presunto daño económico al Estado en la Aduana Nacional. A fines de enero, García informó que se formalizó una denuncia contra la expresidenta de la Aduana, Karina Serrudo, y otros dos exfuncionarios, por un presunto daño superior a los 10 millones de bolivianos en la construcción de oficinas en la ciudad de Tarija.

Según la investigación, el proceso de contratación presenta dos irregularidades centrales. La primera es una presunta adjudicación dirigida, debido a que se habría elegido una propuesta que incluía un terreno valuado en 2,8 millones de bolivianos, pese a la existencia de una oferta que era un millón de bolivianos más barata. La segunda irregularidad corresponde a un presunto sobreprecio en la construcción, ya que el costo por metro cuadrado pagado por la Aduana habría sido tres veces superior al precio de mercado.