Las lluvias excepcionales que cayeron en Santa Cruz entre el 16 y 17 de noviembre dejaron a la vista la vulnerabilidad de varias regiones del departamento. En Achira, una comunidad agrícola de Samaipata, la tormenta se extendió durante ocho horas y convirtió la quebrada en un torrente que arrasó casas, cultivos, animales y caminos, afectando a más de quince comunidades. Dos personas permanecen desaparecidas y varios pobladores relataron que tuvieron que subir a los techos para evitar ser arrastrados por el agua.

A cientos de kilómetros, en Colpa Bélgica, el río Piraí alcanzó 6,8 metros de altura, un registro histórico según Searpi. Parte de la rampa del puente se desplomó, el tránsito fue cortado y decenas de vehículos quedaron varados. Las autoridades departamentales movilizaron maquinaria y brigadas de atención, mientras el presidente Rodrigo Paz llegó a la zona para un recuento preliminar de daños.

Según el agrometeorólogo Luis Alpire, lo ocurrido en Achira fue resultado de una “lluvia sostenida” que alimentó la quebrada con mazamorra proveniente del cerro. El presidente de la Sociedad de Ingenieros, Roly Mancilla, señaló que existió “dejadez” y recordó que municipio, Gobernación y Gobierno central tienen la responsabilidad legal de prevenir estos riesgos.

Entre 2010 y 2020 se construyeron 1.400 kilómetros de defensivos en Santa Cruz, con una inversión superior a 100 millones de dólares. Sin embargo, en los últimos cinco años no se edificó ningún defensivo nuevo y el mantenimiento ha sido insuficiente. Actualmente se registran 172 puntos críticos en 16 cuencas, que afectan a 26 municipios; seis de ellos están en situación “especialmente grave”. San Julián concentra 39 puntos críticos, mientras que Cuatro Cañadas, El Puente y Yapacaní tienen 10 cada uno. En Santa Cruz de la Sierra, 11 puntos críticos en el Piraí representan riesgo para zonas como Ambrosio Villarroel, las cabañas y sectores cercanos a la radial 26.

En las cabañas del Piraí, la erosión y los defensivos dañados son visibles. En el nuevo puente del Urubó, estructuras recientes ya muestran señales de insuficiencia. Un proyecto integral de 350 millones de bolivianos no se ejecutó debido a que el Gobierno central no comprometió su 70%.

El director del Searpi, José Antonio Rivero, informó que cuenta con 20 millones de bolivianos para emergencias. Con ese monto se ha intervenido en 16 municipios y se trabaja en 72 puntos prioritarios. Rivero recordó que las emergencias terminan costando más que la prevención.

A los defensivos desgastados se suma la tala en riberas y cordones ecológicos, lo que debilita el suelo y aumenta la fuerza de los ríos. Mancilla advirtió que estos asentamientos dejan a las comunidades “en indefensión”.

Los modelos climáticos prevén lluvias excepcionales hasta abril, motivo por el cual Alpire señaló que “lo peor puede no haber llegado”. Las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán coordinar acciones urgentes ante un escenario climático incierto. Lo ocurrido en Achira, coinciden los especialistas, no fue un hecho aislado, sino una advertencia sobre la fuerza creciente de los ríos y la necesidad de fortalecer la prevención.