La expresidenta del Estado, Jeanine Áñez Chávez, está a un paso de lograr su libertad por medio de un recurso de “revisión extraordinaria” de la sentencia que se dictó en su contra en el caso del supuesto golpe de Estado II. Dicho fallo, por el cual ya cumple condena, es el único proceso penal que la mantiene en la cárcel de Miraflores.

“Sí, este es el último paso para lograr la libertad de mi madre, esperamos que el Tribunal Supremo de Justicia anule esta sentencia ilegal y luego de cuatro años y medio, ella pueda regresar a su tierra, con su familia. Este tiempo, mi madre fue el trofeo político del masismo, pero ahora que ya se van del gobierno se cae la mentira y mi madre podrá salir libre”, declaró en un medio de comunicación, Carolina Rivera, hija de la expresidenta.

Por su lado, la abogada de la defensa, Norka Cuéllar, detalló que, durante el gobierno de Luis Arce, se abrieron nueve procesos penales en la justicia ordinaria contra la exmandataria, los cuales ella califica de “políticos”. Los mismos, aseveró, vulneraron varios derechos constitucionales, especialmente el de ser procesada por medio de un juicio de responsabilidades o caso de corte, como lo señala la Ley 044 de juzgamiento de altas autoridades del Estado.

Nueve procesos Recordemos que luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictó una sentencia en favor de Áñez, señalando que ella solo puede ser juzgada por esa vía, su defensa ha logrado la anulación de tres juicios que se tramitaban en su contra por la justicia ordinaria.

“El gobierno del presidente Arce a través de las diferentes instancias abrió nueve procesos políticos contra la expresidenta, en algunos fue imputada y se llegó a juicio, en uno se dictó una sentencia (Caso Golpe II) y otro fue rechazado”, afirmó Cuéllar en entrevista con EL DEBER.

Los nueve casos a los que Cuéllar hizo referencia son dos relacionados al supuesto golpe de estado I y II; los procesos por las denominadas masacres de Senkata y Sacaba, que ahora son juicios anulados; el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), también anulado; la denuncia por la supuesta venta ilegal de combustible de avión; un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI); irregularidades en el manejo de Fundempresa y una denuncia de presuntas resoluciones inconstitucionales, presentada por un radialista de Chapare, afín a Evo Morales.

“TSJ destetado” Parte del contexto jurídico que favorece a la expresidenta, se vio acelerado con la instructiva 18/2025, emitida el 22 de agosto, que lleva la firma del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, en la que dispone que las autoridades judiciales del país, “procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra” la expresidenta Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, los dos últimos lograron su libertad la pasada semana.

La medida fue criticada por el Gobierno y el delegado nacional del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, que llegó a cuestionar dicha instructiva y publicó en sus redes sociales un pronunciamiento, en el que arguye que también se dé celeridad a los procesos penales del 58,2% de privados de libertad que, de un total de más de 33.000 internos, “también” están encarcelados preventivamente, sin una sentencia.

Por su lado, el jefe de bancada de diputados del MAS, José Luis Flores, anunció que presentaría una denuncia contra el presidente del TSJ, ante la Comisión de Justicia Plural de esa instancia, ya que el magistrado emitió la instructiva 018/2025, sin la aprobación de la Sala Plena del TSJ.

Al igual que Callisaya y Flores, la ministra de Justicia, Jessica Saravia y el procurador del Estado, Ricardo Condori, expresaron que las resoluciones que favorecieron a Áñez, Camacho y Pumari, podrían dejar en la impunidad las muertes y las decenas de heridos que se generaron en los enfrentamientos entre quienes defendían a Evo Morales y las fuerzas del orden en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), durante los conflictos de 2019.

Condori sostuvo que se vendrían “severas sanciones para el Estado”, debido a que, supuestamente, se incumplen las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que exhorta al Estado sancionar a los responsables.

En respuesta a los “opinólogos”, Saucedo señaló que el Órgano Judicial recobró la independencia y advirtió que ya no sería “mercenario de la democracia” o instrumento de los políticos de izquierda o de derecha. “Cerramos la Comisión 898 (que se conformó durante el Gobierno de Evo Morales, en la Cumbre de la Justicia y que era presidida por el Ministerio de Justicia), que nos tenía ligados al Ejecutivo, teníamos que destetarnos, cerramos esa comisión y al otro día sacamos el instructivo (18/2025), y no nos tembló el pulso para ponerle nombre y firma”, declaró Saucedo.

Asimismo, lanzó un llamado a todas las personas que se consideran perseguidos políticos y dejaron el país, para que retornen con la garantía de que gozarán de un proceso judicial transparente, luego de que “se reestableció el estado de derecho”. Afirmó que en caso de ser citados y llevados ante un juez en una audiencia de medidas cautelares, se determinará el encarcelamiento, como una medida excepcional, contrario a lo que sucedió en el gobierno del MAS.

No obstante, hizo una advertencia. “Si están siendo procesados, se van a defender con todas las garantías del debido proceso, no es que van a llegar a gozar de impunidad, eso tiene que entenderlo también la población, así como las víctimas tienen de-echo, también los imputados o los procesados tienen sus derechos y hay que hacer respetarlos para cada una de las partes procesales”, señaló Saucedo en entrevista con EL DEBER Radio.

Recurso ante el TSJ Sobre los conflictos que obligaron a la renuncia y posterior huida de Morales a México, el 10 de noviembre de 2019 y que provocó que Áñez asuma la presidencia, estos derivaron en su encarcelamiento cuando el MAS recobró el poder, en las elecciones de 2020. Al ser enjuiciada por un supuesto golpe de Estado, la defensa de Añez siempre sostuvo que la Fiscalía omitió investigar el fraude electoral de octubre de 2019, como uno de los principales factores de los conflictos sociales.

A su vez, la expresidenta también reiteró en varias oportunidades que ella llegó al cargo, debido al vacío de poder que se generó por la renuncia de ministros y legisladores del MAS. Todo, en medio de las amenazas de las organizaciones sociales afines a Morales, que pretendían llegar a plaza Murillo para quemar las oficinas del Estado y donde los policías amotinados estaban pertrechados desde el 8 de noviembre de ese año.

Por otra parte, sobre las muertas suscitadas entre el 17 y 19 de noviembre de 2019, por los cuales se enjuiciaba a Áñez en los casos Sacaba y Senkata, la defensa de la exmandataria y de los jefes militares y policiales procesados y encarcelados, cuestionaron la investigación de la Fiscalía, pues nunca se logró establecer el origen de los disparos que generaron las muertes y los heridos, además que no hubo procesos contra los instigadores de las movilizaciones civiles violentas, que amenazaban con generar más estragos en las ciudades.