La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) presentó una querella ante el Tribunal Eclesiástico de Cochabamba para solicitar la excomunión y expulsión del estado clerical de los sacerdotes jesuitas Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, quienes fueron condenados por la justicia boliviana por encubrir los abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas Moreno.

La organización fundamentó su solicitud en la sentencia judicial emitida contra ambos exprovinciales de la Compañía de Jesús, a quienes responsabiliza de haber ocultado durante años denuncias relacionadas con abusos contra niños, niñas y adolescentes.

El representante de las víctimas, Edwin Alvarado, explicó que la querella contempla presuntos delitos canónicos relacionados con el encubrimiento de abusos sexuales cometidos por otro clérigo, abuso de autoridad eclesiástica y vulneraciones contra la dignidad humana.

Asimismo, el documento incluye acusaciones vinculadas con la absolución de un cómplice en hechos contrarios al sexto mandamiento cometidos contra menores.

Solicitan sanciones eclesiásticas

Mediante una nota institucional, la CBS pidió al monseñor Óscar Aparicio admitir la querella e iniciar una investigación canónica previa contra los dos sacerdotes.

La organización solicitó que, una vez concluido el procedimiento correspondiente y en caso de establecerse responsabilidad en la justicia eclesiástica, se impongan las sanciones de excomunión y dimisión del estado clerical.

Además, pidió la prohibición permanente de ejercer funciones religiosas, ocupar cargos eclesiásticos o residir en instalaciones religiosas y lugares cercanos a menores.

Los sobrevivientes también solicitaron que cualquier resolución sancionatoria sea comunicada a la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Boliviana, la Compañía de Jesús, el Ministerio Público y las víctimas.

Según la organización, estas medidas buscan garantizar justicia, prevenir nuevos casos de abuso y fortalecer la protección de menores y personas vulnerables.

Sentencia judicial respalda la solicitud

La querella recuerda que la justicia boliviana declaró culpables a Alaix y Recolons por el delito de encubrimiento relacionado con los abusos sexuales cometidos por Alfonso Pedrajas, conocido como «Pica», contra menores del internado Juan XXIII de Cochabamba entre las décadas de 1970 y 1990.

Ambos sacerdotes recurrieron la sentencia mediante una apelación restringida. Sin embargo, el 24 de abril de 2026, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró improcedente el recurso y confirmó la resolución judicial.

La CBS considera que esta determinación constituye un elemento documental relevante para sustentar el procedimiento ante las autoridades eclesiásticas.

Antecedentes del caso Pedrajas

El caso adquirió repercusión pública el 30 de abril de 2023, cuando una investigación periodística realizada en España reveló el contenido de un diario perteneciente al fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas.

El documento, entregado por un sobrino del religioso, contenía registros de numerosos abusos sexuales cometidos contra menores en el internado Juan XXIII y otros centros vinculados con la Compañía de Jesús en Bolivia.

A partir de estas revelaciones, el Ministerio Público inició una investigación de oficio y recibió denuncias de distintas víctimas.

Durante las investigaciones se recopiló documentación interna de la congregación procedente de diferentes ciudades del país, incluyendo correspondencia, correos electrónicos, actas y archivos relacionados con casos reservados.

La querella también incorpora testimonios de sobrevivientes que sostienen que los exprovinciales conocían las denuncias mediante mecanismos internos de comunicación de la orden religiosa, entre ellos la denominada «Cuenta de Conciencia».

La CBS cuestiona que estos procedimientos hayan sido utilizados, presuntamente, para mantener en reserva información sobre delitos cometidos contra menores.

Asimismo, la organización hace referencia a su libro Las puertas del infierno: lo que esconde la Compañía de Jesús en Bolivia, en el que denuncia una presunta red de intercambio de menores entre centros administrados por jesuitas y el traslado de sacerdotes acusados de abusos.

Estas últimas acusaciones forman parte de los antecedentes presentados por los querellantes y deberán ser evaluadas por las instancias correspondientes.

Con la presentación de la querella eclesiástica, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes busca que las sanciones contra Alaix y Recolons no se limiten al ámbito de la justicia ordinaria, sino que también se establezcan las responsabilidades que correspondan dentro de la Iglesia Católica.