Más de 130 personas fallecieron y 81 fueron detenidas en un gigantesco operativo de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV) en los complejos Alemão y Penha. Aunque el gobierno del estado reportó 119 muertos, la Defensoría del Pueblo Federal elevó la cifra a 132 fallecidos, entre los que se cuentan cuatro policías, con registros adicionales de heridos entre agentes y residentes. La acción involucró a cerca de 2.500 agentes de seguridad que ejecutaron 100 órdenes de arresto.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado de Jair Bolsonaro, describió el hecho como el "mayor operativo" de las fuerzas de seguridad en la historia de la ciudad, destacando la incautación de más de 100 rifles y gran cantidad de drogas. Castro defendió la acción como una iniciativa necesaria contra los "narcoterroristas" y subrayó que la operación fue planeada por más de 60 días. No obstante, el elevado número de víctimas ha generado fuertes críticas a nivel nacional e internacional.

El Ministerio Público y la Defensoría Pública Federal han solicitado explicaciones al gobernador Castro por la matanza, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró "horrorizada" por la cifra de decesos. Organizaciones como Human Rights Watch y la ONG Movimentos señalaron que esta política de seguridad, centrada en incursiones letales, es una "política de exterminio" que ha demostrado ser ineficiente e incapaz de controlar el avance del crimen. El Comando Vermelho, que nació en una prisión de Río en los años 70, es una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil, con presencia en los 26 estados y con su base de poder en los barrios más pobres de Río de Janeiro. Durante los enfrentamientos, los delincuentes intentaron bloquear vías principales como la Avenida Brasil, utilizaron drones para lanzar bombas y levantaron barricadas con vehículos quemados, obligando a suspender clases y rutas de transporte.

Castro criticó la falta de apoyo del gobierno federal, lamentando que sus policías estén "solas" sin la ayuda de blindados o agentes de las fuerzas federales. Sin embargo, el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Lewandowski, desmintió al gobernador, asegurando que el gobierno federal nunca ha negado el apoyo y ha acatado todas las 11 solicitudes de renovación de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública enviadas por Río de Janeiro desde 2023.

Este operativo es considerado el más letal registrado en la región metropolitana de Río de Janeiro desde 1990, y es el tercero más mortífero ocurrido durante la gestión del gobernador Castro. Expertos de la UFF concluyeron que estas matanzas policiales son la regla y no la excepción, con 707 acciones policiales con resultado de muerte entre 2007 y 2025, lo que revela el "descuido del Estado" con la vida de los residentes de las favelas.