La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) se declaró en estado de emergencia y advirtió que el pueblo boliviano podría “autoconvocarse” en movilizaciones en rechazo al proyecto de ley antibloqueos que actualmente se analiza en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El sector considera que esta iniciativa busca criminalizar la protesta social y acallar las formas de reclamo de los trabajadores y de la población en general.

El secretario ejecutivo de la Fstmb, Andrés Paye, afirmó que penalizar las movilizaciones y los bloqueos no es la solución a los conflictos sociales y sostuvo que el camino adecuado es el diálogo, en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado (CPE). En conferencia de prensa, señaló que los trabajadores mineros no permitirán que se sancione el derecho a la protesta.

Paye advirtió que existe una creciente molestia e incomodidad social por la forma en que se gobierna y por los resultados obtenidos, situación que —según dijo— podría derivar en medidas de presión impulsadas desde las bases. Remarcó que su sector rechaza de manera contundente cualquier intento de criminalizar las formas de reclamo del pueblo.

La posición del sector minero surge luego de que se informara que, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, se analizan al menos tres propuestas normativas que buscan tipificar los bloqueos de caminos como delito penal. Estas iniciativas plantean sanciones no solo para quienes participen en estas medidas, sino también para quienes las financien o promuevan.

Entre los proyectos figura la denominada “ley antibloqueos”, que propone sancionar el corte intempestivo de rutas en zonas urbanas y rurales, así como el uso de violencia extrema mediante explosivos o armas de fuego. Las penas contempladas van desde tres años de privación de libertad hasta una pena acumulativa de 30 años de cárcel.