El Consejo de la Magistratura anunció que realizará una revisión del proceso judicial relacionado con Soboce, que en 2025 dejó sin efecto una sentencia que obligaba a la empresa a pagar más de 107 millones de dólares a Fancesa por un caso de competencia desleal. Mientras tanto, el expresidente Luis Arce negó cualquier participación o influencia en la resolución judicial.

La polémica surgió luego de denuncias que apuntan a una supuesta intervención del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien, según investigaciones realizadas en España, habría gestionado acciones ante autoridades bolivianas en favor del Grupo Gloria, propietario de Soboce.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que se llevará adelante una fiscalización técnica para establecer si existieron irregularidades en la actuación de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que emitió el fallo cuestionado.

“Vamos a hacer un levantamiento técnico y a determinar responsabilidades a través de Control y Fiscalización y de la Unidad de Transparencia. Si amerita procesos penales, también los vamos a iniciar”, señaló Spencer, quien precisó que primero se analizará todo el procedimiento antes de establecer posibles responsabilidades.

El conflicto judicial tiene su origen en la demanda presentada por Fancesa contra Soboce por competencia desleal. En febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ratificó una sentencia que obligaba a la empresa a cancelar Bs 744 millones, equivalentes a más de 107 millones de dólares.

Sin embargo, el 30 de mayo de ese mismo año, la Sala Constitucional Segunda de La Paz dio curso a una acción de amparo presentada por Soboce y dejó sin efecto la resolución y el pago establecido, aunque la decisión definitiva todavía debe ser emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

El caso tomó una dimensión internacional después de que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de España revelara una investigación que vincula al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con supuestas gestiones a favor del Grupo Gloria. Según los antecedentes conocidos, el exmandatario español habría recibido 200 mil euros por dichas acciones.

A raíz de esta información, el abogado y exdirector de Fancesa, Cristian Pablo Mina, presentó una denuncia penal contra Rodríguez Zapatero, el expresidente Luis Arce y otras 14 personas por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo transnacional, uso indebido de influencias, prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Frente a estas acusaciones, Luis Arce emitió un pronunciamiento desde el centro penitenciario donde permanece recluido, rechazando cualquier participación en favor de Soboce y asegurando que la última decisión sobre el caso corresponde al Tribunal Constitucional.

“No se ha realizado ningún tipo de liberación de pago a Soboce en relación a este caso con Fancesa, pues la última palabra debe ser emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional”, señaló el exmandatario en su mensaje.

Mientras avanzan las investigaciones y la revisión anunciada por el Consejo de la Magistratura, el proceso continúa generando repercusiones políticas y judiciales debido a la magnitud económica del litigio y a las denuncias sobre una posible injerencia de actores nacionales e internacionales en la administración de justicia.