El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, quedó en libertad este jueves luego de presentarse ante la Dirección Especializada de Lucha contra la Corrupción (Delcc), en el marco de la investigación por la adquisición de cuatro hospitales móviles durante su gestión. Fernández decidió acogerse a su derecho constitucional a guardar silencio ante el fiscal, aunque presentó documentación de descargo relacionada con el proceso de contratación y el funcionamiento de los centros médicos.

A su salida de la unidad policial, Fernández cuestionó el sustento de la denuncia por un presunto sobreprecio de Bs 2,8 millones. Según afirmó, el proceso de adquisición contó con presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, una licitación pública, la participación de tres empresas e informes técnicos, legales y administrativos.

El exalcalde sostuvo que, de acuerdo con la información que recibió, la denuncia no estaría respaldada por una auditoría. También rechazó que pueda establecerse un supuesto sobreprecio únicamente mediante una comparación de precios de mercado, sin considerar las distintas etapas del proceso de contratación.

Fernández explicó que la adquisición se realizó mediante una licitación pública y no por invitación directa. Señaló que tres empresas participaron del proceso y que una de ellas obtuvo la adjudicación tras presentar la propuesta técnica y económica considerada ganadora.

Asimismo, afirmó que la contratación se efectuó bajo los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 181, que regula el sistema de administración de bienes y servicios del Estado. Según su explicación, su participación como alcalde se produjo al final del procedimiento, cuando las instancias correspondientes ya habían elaborado los informes técnicos, legales y administrativos.

El exalcalde remarcó que no formaba parte de la comisión encargada de calificar las propuestas de las empresas y sostuvo que su función dentro del proceso correspondió a la instancia final de suscripción del contrato, después de las verificaciones realizadas por las unidades responsables.

Fernández también defendió el funcionamiento de los cuatro hospitales móviles. Aseguró que fueron entregados hace más de dos años y que continúan prestando servicios en diferentes barrios de la ciudad. De acuerdo con los datos que presentó, más de 20.000 personas fueron atendidas en estos centros médicos, mientras que se aplicaron más de 12.000 vacunas gratuitas.

El exalcalde rechazó además las versiones que señalan que dos de los hospitales móviles ya estarían fuera de funcionamiento. Insistió en que las unidades llevan más de dos años operando y cuestionó las comparaciones sobre cuántos hospitales podrían haberse adquirido con los recursos destinados al proyecto.

Consultado sobre una eventual nueva convocatoria de la Fiscalía, Fernández afirmó que acudirá cuando sea requerido y aseguró que mantendrá una actitud de respeto a la ley. Al mismo tiempo, consideró que la denuncia tendría un componente político y recordó que anteriormente también fue convocado por otros procesos iniciados durante su trayectoria como autoridad.

Respecto a las solicitudes de algunos concejales que plantearon una posible detención preventiva, Fernández manifestó que no tiene motivos para preocuparse mientras cuente con la documentación que, según él, respalda sus actuaciones durante la adquisición de los hospitales móviles.

El Ministerio Público investiga la compra de las cuatro unidades por los presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. La denuncia sostiene que durante la gestión de Fernández se adquirieron cuatro camiones que posteriormente fueron adaptados como hospitales móviles y que habría existido un supuesto sobreprecio de Bs 2,8 millones.