La diputada de Libre, Lissa Claros, informó este martes sobre la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly; el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno, en el marco de la crisis por el denominado “combustible sucio”.

Según la legisladora, la denuncia fue presentada por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. “Presentamos una denuncia ante el Ministerio Público en contra del ministro de Hidrocarburos, del exresponsable de YPFB y del responsable de la ANH por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El problema del combustible no se soluciona con una simple destitución”, sostuvo en conferencia de prensa.

Claros cuestionó que hasta la fecha no se haya concretado la salida del ministro de Hidrocarburos, pese a los pedidos de distintos sectores, y remarcó la necesidad de una intervención inmediata del Ministerio Público ante la falta de respuestas a la población y al sector del transporte.

“La ciudadanía y los transportistas llevan varios días sin soluciones concretas. Este caso no puede quedar en la impunidad, las autoridades deben responder por el daño ocasionado”, afirmó.

Asimismo, anunció que se solicitará la activación de una alerta migratoria contra Yussef Akly, con el objetivo de garantizar su permanencia en el país y que rinda cuentas ante la justicia.

La denuncia surge en un contexto de cuestionamientos por la calidad del combustible distribuido en el país, situación que, según la legisladora, evidenciaría posibles irregularidades en la administración de hidrocarburos.

En medio de esta situación, Akly fue reemplazado recientemente en la presidencia de YPFB. Claudia Cronenbold fue designada como la nueva titular de la estatal petrolera, tras presiones de sectores del transporte público y legisladores que exigían cambios ante la crisis.