La tensión social en el país se intensifica tras el rechazo oficial de la Central Obrera Boliviana (COB) a la convocatoria de diálogo del Gobierno. El secretario ejecutivo del ente matriz, Mario Argollo, confirmó que los trabajadores no asistirán a ninguna mesa de negociación mientras persistan lo que denominó como "amenazas judiciales" y procesos en contra de la dirigencia sindical.

Argollo señaló que el malestar de los trabajadores es generalizado y no se limita únicamente a la demanda de un incremento salarial. Según el dirigente, el país atraviesa un deterioro en las condiciones de vida debido a factores como el encarecimiento de la canasta familiar, la eliminación de subvenciones y las dificultades en el abastecimiento de combustibles. Asimismo, acusó al Ejecutivo de intentar desacreditar a los representantes sindicales mediante la difusión de información falsa sobre supuestos salarios elevados, asegurando que sus ingresos son verificables en registros oficiales.

Desde la perspectiva del sector minero, el ejecutivo destacó que, aunque los trabajadores generan divisas fundamentales para el Estado, reciben sus pagos en moneda nacional, absorbiendo así parte de la crisis económica. La COB ratificó que sus movilizaciones responden a demandas sociales acumuladas y no a intereses políticos, advirtiendo que la presión en las calles continuará ante la falta de respuestas efectivas y el clima de persecución denunciado por su dirigencia.