La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una alternativa legal que permita evitar el cumplimiento de la sentencia constitucional que ordena la entrega de documentos del predio del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi.

El vocero del Ejecutivo municipal, Bernardo Montenegro, afirmó que la Alcaldía agotó todas las instancias legales durante más de dos años; sin embargo, actualmente enfrenta una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que debe cumplirse, pese a las irregularidades denunciadas.

“Se han agotado todas esas instancias y hay una sentencia que ya ha excedido los plazos y que debe cumplirse. Entonces, ¿qué hacemos como Ejecutivo Municipal? Denos una salida para no dar cumplimiento a esta sentencia”, manifestó Montenegro, dirigiéndose a la comisión y al presidente del TSJ.

El fallo constitucional establece que el Gobierno municipal debe entregar los papeles del terreno donde se encuentra el mercado Mutualista a Nelson Miguel Crapuzzi, quien reclama la propiedad del predio.

Montenegro explicó que, tras el rechazo del Ministerio Público en dos ocasiones, la Alcaldía presentó una reconversión a acción ordinaria, proceso que continúa en curso. Este busca avanzar en la investigación sobre una presunta falsificación del plano sepia y otras irregularidades, como la declaratoria de herederos.

En ese contexto, el vocero insistió en que, pese a las acciones emprendidas, el alcalde se ve obligado a cumplir la sentencia tras dos años de proceso.

Por su parte, la comisión del TSJ presentó un informe en el que identifica documentación irregular en la supuesta transferencia del terreno, inconsistencias en la identidad del presunto propietario, posibles fallas y delitos en actuaciones judiciales, así como indicios de prevaricato en una sentencia constitucional.

El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, señaló que una sentencia constitucional no queda exenta de ser considerada prevaricadora, pese a su origen.

No obstante, Montenegro observó que, si bien el informe reconoce irregularidades, no plantea una solución concreta respecto al cumplimiento del fallo constitucional. Añadió que los procesos por prevaricato no anulan la sentencia.

Asimismo, indicó que el alcalde Jhonny Fernández es actualmente el único procesado en este caso, enfrenta medidas sustitutivas y podría incluso ser detenido si incumple la sentencia.

Ante este escenario, Montenegro planteó dos opciones: que el TSJ proporcione una salida legal para evitar la ejecución del fallo o, en su defecto, proceder con su cumplimiento ante la falta de alternativas jurídicas.

Finalmente, subrayó que el informe del TSJ coincide con denuncias previas realizadas por la Alcaldía sobre el caso.