El gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, sorprendió ayer al país al anunciar su renuncia al cargo que ejercía desde mayo de 2021. Lo hizo en una conferencia de prensa en donde lanzó cifras, dio a conocer los balances financieros de la entidad y también respondió a las dudas más incómodas. “Es un ciclo que se cierra. Mi tarea fundamental era poner en funcionamiento la Gestora y ese objetivo está cumplido”, afirmó.

Los números de despedida Durán presentó su salida como un balance exitoso. Según detalló, la Gestora Pública cuenta actualmente con 2,77 millones de asegurados registrados, lo que refleja el alcance nacional de la entidad. Solo en lo que va del año se incorporaron 254.252 nuevos registros, entre los que se contabilizan 199.292 trabajadores y 54.960 empleadores.

En cuanto a la administración de recursos, los fondos bajo gestión alcanzan los $us 29.012 millones, casi $us 5.000 millones más de lo que se recibió inicialmente de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El ejecutivo también destacó el crecimiento patrimonial de la institución, que pasó de Bs 3,5 millones en 2020 a Bs 411 millones en 2025. A ello se suman las utilidades netas, que cerraron en Bs 135 millones en 2024 y llegaron a Bs 127 millones hasta julio de este año.

En términos de rentabilidad, la tasa de rendimiento de los aportes se incrementó del 2,7% al 4,36%, mientras que la mora en los pagos se redujo del 0,53% al 0,48%, lo que según Durán refleja un manejo más eficiente de los recursos y un mayor cumplimiento de los aportantes.

El ejecutivo defendió además el modelo de gestión estatal frente a las antiguas AFP: “Se demostró que las empresas públicas no son sinónimo de ineficiencia. Dejamos una Gestora con utilidades y una administración transparente. No existe una sola denuncia ni investigación en curso”.

El factor político y las dudas de fondo El anuncio llega a tres meses de un cambio de gobierno, lo que levantó sospechas sobre la oportunidad de su salida. Durán respondió sin rodeos:

“No estoy escapando de nada. Me quedo en el país para continuar con labores académicas y de investigación. Las autoridades somos pasajeras, lo que queda son las instituciones”.

Una de las preguntas apuntó al caso Banco Fassil, intervenido en 2023 y en el que se encuentran inversiones comprometidas. Durán deslindó responsabilidades:

“Las inversiones hechas en Banco Fassil fueron responsabilidad de las AFP. Nosotros asumimos la administración después de la intervención. Los depósitos a plazo fijo están siendo cubiertos por un fideicomiso y se están pagando puntualmente”.

Otro cuestionamiento giró en torno a las propuestas electorales de duplicar la Renta Dignidad a Bs 2.000, el ahora exgerente fue claro:

“La renta ya demanda más de Bs 5.200 millones al año. Elevarla a Bs 2.000 significaría 23.000 millones adicionales. Es saludable discutirlo, pero los candidatos deben explicar de dónde saldrá ese dinero sin poner en riesgo la sostenibilidad”.

El relevo en la posta Durán presentó a su sucesor, el economista Darwin Ugarte, doctorado en Bélgica y con trayectoria en mercados de valores. Ugarte definió la transición como “una carrera de postas”.

“El mandato es de continuidad y optimización. El pago de las pensiones y de la Renta Dignidad está absolutamente garantizado. Cambia una persona, no la solidez de la institución”.

Durán cerró su presentación subrayando que bajo su gestión la Renta Dignidad nunca se retrasó y que las recaudaciones superaron los Bs 7.700 millones en lo que va del año. Pero también reconoció que “los ciclos se cumplen” y que ahora su papel será el de analista económico.

Su renuncia deja sombras de incertidumbre: las inversiones heredadas, la necesidad de sostener la rentabilidad en un contexto de crisis y el riesgo de que la Gestora, que maneja los ahorros de millones de bolivianos, quede atrapada en la pugna política que se avecina.