La Justicia instaló este lunes la audiencia cautelar de los cinco hombres aprehendidos tras los enfrentamientos registrados durante el operativo de desbloqueo ejecutado en el municipio de San Julián. El Ministerio Público solicitó su detención preventiva mientras avanzan las investigaciones por los hechos ocurridos el pasado sábado.

La audiencia comenzó pasadas las 15:30 horas ante una autoridad jurisdiccional que deberá definir las medidas cautelares que cumplirán los imputados. La Fiscalía presentó una imputación formal contra José Luis L. J., Virgilio Q. B., Esteban C. T., Ramirito C. A. y Rolando C. T.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que los cinco procesados fueron imputados por siete delitos, entre ellos terrorismo, tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, asociación delictuosa, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, además de atentado contra la libertad de trabajo.

Según la investigación fiscal, los hechos están relacionados con el operativo policial realizado el sábado 6 de junio en San Julián, cuando un contingente intentó restablecer la circulación vehicular en una carretera que permanecía bloqueada desde hacía más de dos semanas y que conecta Santa Cruz con Beni.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante la intervención se registraron hechos de violencia y las autoridades denunciaron que entre los bloqueadores había personas armadas. Además, señalaron que se produjeron disparos durante los disturbios.

Como resultado de los enfrentamientos, al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas cinco efectivos policiales, según la información proporcionada por las autoridades.

Mientras la Fiscalía solicitó la detención preventiva de los imputados en el penal de Palmasola, la defensa sostuvo que sus representados no participaron en actos violentos ni formaban parte de los grupos involucrados en los disturbios. El abogado Henrry Zeballos pidió que los acusados recuperen su libertad.

La audiencia continuará con la valoración de las pruebas presentadas por ambas partes, mientras la autoridad judicial define la situación jurídica de los procesados.