Tras intensas negociaciones que se extendieron desde la noche del lunes hasta la madrugada del martes, el Gobierno nacional y la Federación Regional de Transporte Yungas lograron un acuerdo que permitió levantar los bloqueos instalados en al menos seis puntos de la ruta hacia esa región.

La firma del acta, realizada en la sede del gremio transportista, contó con la participación de los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño, y de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, quienes lideraron las conversaciones. El documento contempla una serie de compromisos para mejorar la infraestructura vial y garantizar el suministro de combustibles, principales demandas del sector movilizado. “Desde estas horas ya va a haber circulación en las rutas que nos conectan a los Yungas desde La Paz”, declaró Montaño tras la firma del acuerdo.

Como parte del entendimiento, el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio inmediato de trabajos de mantenimiento, reposición de ripio y bacheo en las carreteras troncales de la zona. Además, se comprometió a gestionar ante la Asamblea Legislativa la aprobación de un crédito por 118 millones de dólares para la construcción del puente Guanay y otro crédito por 100 millones para el programa Mi Puente.

También se acordó impulsar la aprobación del crédito de 250 millones de dólares destinado a la atención de emergencias por desastres naturales, que aún está pendiente en la Cámara de Senadores.

Por su parte, el ministro Gallardo garantizó el envío de combustibles a los Yungas y anunció inspecciones conjuntas con los transportistas en estaciones de servicio para evitar el desabastecimiento. Asimismo, se acordó el envío de una cisterna de combustible, sujeto a disponibilidad, y la eliminación de los límites en la venta de carburantes en tanque, una medida inicialmente rechazada por YPFB.

Pese a que los bloqueos que afectaron a viajeros y productores agrícolas fueron levantados y se reanudaron los viajes desde la terminal Minasa, la dirigencia del transporte advirtió que retomarán las medidas de presión si el Gobierno incumple los compromisos asumidos.