El Gobierno aseguró que buscará una salida consensuada con los sectores movilizados antes de recurrir a una eventual aplicación de la ley de regulación de estados de excepción para desbloquear las carreteras del país.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que, en caso de aprobarse la norma impulsada por el presidente Rodrigo Paz, la primera medida será promover un proceso de diálogo con los bloqueadores mediante la participación de una comisión de mediadores.

Según explicó la autoridad, esta comisión estaría integrada por representantes de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y delegados de las iglesias católica y evangélica. El objetivo será lograr acuerdos que permitan habilitar corredores humanitarios y facilitar el tránsito en las rutas bloqueadas.

Paredes señaló que la intención principal del proyecto de ley es realizar una acción humanitaria para atender las dificultades generadas por los bloqueos. Agregó que, si bien los operativos tendrían como finalidad despejar las carreteras, previamente se agotarán los esfuerzos de concertación con los sectores movilizados.

La autoridad indicó que solo si estas gestiones resultan insuficientes para restablecer la circulación, se podría recurrir a operativos de desbloqueo con participación de efectivos policiales y militares. Asimismo, aseguró que cualquier persona detenida durante una eventual intervención será sometida al debido proceso.

En el ámbito legislativo, el proyecto de Ley de Reglamentación de Estados de Excepción comenzó su tratamiento en la Cámara de Senadores. En caso de ser aprobado, deberá pasar a consideración de la Cámara de Diputados para continuar su trámite parlamentario.

Por otro lado, el vicepresidente Edman Lara informó que el Gobierno mantiene la búsqueda de soluciones mediante el diálogo. Explicó que existe un acercamiento con representantes de la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, quienes solicitaron una reunión con el presidente Rodrigo Paz para presentar sus demandas.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la definición de una fecha para ese encuentro dependerá del proceso de socialización que realizan los dirigentes con sus bases. Añadió que el tratamiento de la ley busca contar con respaldo constitucional en caso de que las conversaciones no logren resultados.

La propuesta gubernamental surge en medio de más de un mes de bloqueos de caminos y del cerco a la ciudad de La Paz, situación que afecta el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos.