El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó que se identificó a un grupo de personas, entre ellas funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), presuntamente vinculados a una red criminal dedicada a la importación de combustible adulterado.

Según la autoridad, esta organización habría cambiado su modalidad de operación, pasando de la exportación ilegal de gasolina subvencionada hacia países vecinos a un esquema basado en el ingreso de combustible contaminado con agua o aceite usado, con el fin de reducir costos y obtener mayores ganancias.

Paredes explicó que el caso se originó tras un operativo sustentado en el cruce de información entre Bolivia y Chile, lo que permitió detectar una estructura con vínculos también en Paraguay y Argentina. Añadió que esta red operaba bajo una apariencia de legalidad, aprovechando vacíos normativos y fallas en los controles.

De acuerdo con los datos preliminares, cada cisterna podría ingresar al país con entre 500 y 1.000 litros de sustancias contaminantes, afectando cargamentos de hasta 30.000 litros. El flujo diario, cercano a 100 cisternas, incrementa el impacto de esta actividad ilícita.

La autoridad advirtió que, aunque el combustible no se mezcla completamente con el agua, la presencia de estos elementos genera una suspensión que puede dañar motores y contaminar otros volúmenes al ingresar a los tanques de almacenamiento.

Asimismo, señaló que ya se cuenta con personas identificadas dentro del circuito delictivo, incluyendo posibles actores vinculados a estructuras estatales. En ese marco, mencionó que la investigación también se fortaleció con información obtenida tras la detención de Marcelo Arce, hijo del expresidente Luis Arce.

Paredes aclaró que no se generalizarán responsabilidades, pero se investigará a todos los implicados que hayan participado en esta red criminal.

En respuesta a este caso, se iniciaron ajustes en contratos y controles dentro de YPFB, además de operativos de verificación en surtidores para rastrear la trazabilidad del combustible y detectar posibles puntos de contaminación.

El viceministro indicó que las investigaciones avanzan en coordinación con el Ministerio Público y que ya se obtuvieron declaraciones clave, como la de un conductor de cisterna que admitió haber sustituido parte del combustible por aceite a cambio de pagos irregulares.

Finalmente, aseguró que el proceso continuará hasta esclarecer completamente los hechos, señalando que se trata de una organización criminal que habría generado un daño significativo al país.