El Gobierno denunció presuntas irregularidades en la distribución de combustibles en Santa Cruz y señaló que el departamento llegó a recibir volúmenes superiores a su requerimiento diario, pese a que las filas en las estaciones de servicio persistieron durante varias semanas.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que Santa Cruz necesita alrededor de tres millones de litros de combustible al día, pero que se llegaron a programar despachos superiores a 3,5 millones de litros.

Según la autoridad, el incremento de los volúmenes enviados no fue suficiente debido a que parte del combustible presuntamente era desviado antes de llegar al consumidor final. Zamora apuntó a una posible red en la que estarían involucrados malos funcionarios, algunos transportistas de cisternas y operadores de estaciones de servicio.

El ministro aclaró que no se puede generalizar sobre todos los trabajadores y operadores del sector, pero afirmó que las investigaciones identificaron posibles irregularidades dentro y fuera de las instituciones encargadas del manejo de combustibles.

Entre las entidades mencionadas se encuentran YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). También se identificaron posibles vulnerabilidades en diferentes etapas de la cadena de distribución, relacionadas con los sistemas de programación, asignación, facturación, despacho y cierre de operaciones.

Zamora señaló además que se encontraron asignaciones discrecionales sin parámetros objetivos y modificaciones posteriores de tablas de facturación, aspectos que son revisados por las instancias de Transparencia.

Como resultado de las acciones asumidas, más de 40 personas fueron apartadas de sus cargos. La autoridad no precisó cuántas de ellas pertenecían a YPFB y cuántas a la ANH.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, llegó para preparar las denuncias penales contra las personas que sean identificadas dentro de estos presuntos esquemas de desvío.

Entre los mecanismos investigados, Zamora mencionó el caso de una cisterna en la que presuntamente se extraían entre 3.000 y 4.000 litros de combustible y posteriormente se reemplazaba ese volumen con agua, con el objetivo de mantener aparentemente la cantidad enviada.

La autoridad también afirmó que en algunas estaciones de servicio, especialmente en provincias, se habría comercializado combustible a diferentes precios. En ese contexto, señaló que carburante adquirido a Bs 9,70 por litro podía llegar a venderse entre Bs 15 y Bs 20, generando elevados márgenes para quienes lograban desviar grandes volúmenes.

El Gobierno sostiene que, después de los cambios realizados en las gerencias distritales y en los mecanismos de programación, comenzó a registrarse una reducción de las filas en Santa Cruz. Zamora indicó que un esquema similar empezó a aplicarse en Cochabamba, donde estimó una necesidad diaria cercana al millón de litros.

La autoridad también vinculó la situación con la política de subvención a los combustibles y afirmó que mantenerla demanda alrededor de $us 50 millones por semana. Según Zamora, esos recursos podrían ser destinados a áreas como carreteras, salud o educación.

El Ejecutivo plantea tres líneas de trabajo: garantizar la producción de combustibles, realizar cambios estructurales dentro de YPFB y desmontar las redes que, según la denuncia, aprovecharon debilidades en los mecanismos de comercialización y distribución para desviar carburantes