El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el Gobierno impulsará procesos judiciales contra las personas que financiaron y organizaron los más de 50 días de bloqueos que afectaron al país, y aseguró que no habrá impunidad por las pérdidas económicas y sociales generadas durante el conflicto.

Las declaraciones fueron realizadas después de una reunión institucional entre los ministerios de Gobierno y Defensa con representantes del Comité Pro Santa Cruz, encuentro en el que se abordaron temas relacionados con la seguridad, el retorno a la normalidad y las demandas planteadas por distintos sectores de la región.

Justiniano señaló que existe coincidencia en la necesidad de que la sociedad civil participe activamente en los procesos judiciales, aportando información y pruebas que permitan fortalecer las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante las jornadas de movilización.

“La sociedad civil, los productores, los transportistas y todas las personas afectadas pueden fortalecer las denuncias con pruebas para dar mayor legitimidad a los procesos”, manifestó la autoridad.

El ministro explicó que el Ejecutivo busca establecer una diferencia entre las personas que mantenían demandas legítimas y quienes, según indicó, financiaron y coordinaron las medidas de presión con objetivos políticos, provocando perjuicios económicos y sociales a la población.

Asimismo, informó que ya existen algunas personas detenidas y que el Gobierno trabaja en la elaboración de una matriz de casos sustentada en material audiovisual, registros y otras evidencias que permitan avanzar en nuevos procesos judiciales respetando el debido proceso y la independencia de la administración de justicia.

Justiniano aseguró que las investigaciones pretenden identificar a todos los responsables de los bloqueos y establecer las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados en diferentes sectores productivos y económicos del país.

La autoridad remarcó que las afectaciones provocadas por la falta de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, además de las pérdidas económicas sufridas por miles de ciudadanos, no pueden quedar sin responsables ni sin una respuesta institucional.

Finalmente, el ministro reiteró que el objetivo del Gobierno es garantizar que los hechos ocurridos durante las semanas de conflicto sean esclarecidos y que las acciones judiciales permitan evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.