El viceministro de Régimen Penitenciario, Jhonny Aguilera, advirtió este lunes que la ejecución de la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales representa un riesgo para la población civil y para los efectivos policiales.

“El riesgo es obviamente sobre la vida no solo de la autoridad policial que tendría que intervenir en el área, sino de quienes están brindándole protección. Sabemos que existen personas infiltradas al interior de estas movilizaciones que pretenden generar luto”, afirmó Aguilera.

Morales permanece atrincherado en la región del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, luego del inicio de una investigación por un presunto embarazo de una adolescente de 15 años en 2016, cuando él era jefe de Estado. Sobre el exmandatario pesa una orden de aprehensión por el delito de trata de personas con agravante, emitida tras su inasistencia a una audiencia de medidas cautelares.

En Lauca Ñ, seguidores de Morales instalaron puestos de vigilancia, controles de circulación, guardias armados con palos y trancas con troncos, en previsión de una intervención policial. Aguilera recordó que la orden fue derivada al comandante de la Policía Boliviana el 17 de marzo.

Agregó que, según información de Inteligencia, intervenir la zona implicaría un riesgo elevado, descartando además que se trate de una guerra judicial: “No estamos hablando de hechos de corrupción, sino de acciones vinculadas no solo a la actividad sexual, sino también al abuso de poder”.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ratificó el pasado 6 de marzo que la orden de aprehensión sigue activa y que la ejecución está a cargo de la Policía Boliviana. También confirmó que el mandamiento de arraigo fue registrado en el sistema del Ministerio Público y Migración.