A pocos días del cambio de autoridades subnacionales, la gestión del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, llega a su fin en medio de cuestionamientos, protestas y denuncias sobre el manejo administrativo municipal.

El próximo 4 de mayo asumirán las nuevas autoridades, entre ellas el alcalde electo Manuel Saavedra, quien deberá enfrentar una serie de problemáticas heredadas en distintos sectores.

En la etapa final de la gestión se han intensificado los conflictos sociales, destacando paros en el sector salud, protestas de la Guardia Municipal y reclamos por la falta de entrega del desayuno escolar en unidades educativas fiscales y de convenio.

El sector salud ha sido uno de los más afectados, con constantes movilizaciones por la falta de pago de sueldos, carencias en medicamentos y deudas relacionadas a aportes a la Gestora y la Caja Nacional. A esto se suma el incumplimiento del subsidio prenatal, que según denuncias no se estaría otorgando desde hace más de un año.

En paralelo, los trabajadores de la Guardia Municipal, junto a personal del DEM, fumigadores, choferes y funcionarios de Espacio Público, cumplen un paro de 72 horas por el incumplimiento de beneficios laborales, incluyendo salarios, bonos y dotación de insumos.

Otro de los temas observados es la suspensión del desayuno escolar, tras la conclusión del contrato con la empresa encargada de la Alimentación Complementaria Escolar, lo que ha dejado sin este beneficio a estudiantes desde el 22 de abril.

En cuanto a obras, el alcalde electo denunció la presunta desaparición de 66 millones de bolivianos destinados a la construcción de un viaducto en el cuarto anillo de la doble vía a La Guardia, señalando que la obra no fue ejecutada. Ante ello, anunció acciones legales por presunta malversación.

También se suma la denuncia de una empresa proveedora de mobiliario escolar, que reclama una deuda de 8 millones de bolivianos por la entrega de 12.000 pupitres en la gestión 2023.

Desde el ámbito económico, el vocero Carlos Schlink advirtió que la Alcaldía enfrenta un déficit estimado en 2.500 millones de bolivianos, incluyendo deudas acumuladas de gestiones anteriores y del actual periodo.

Por su parte, el analista José Antonio Prado señaló que la situación responde a una mala administración de los recursos municipales, asegurando que los problemas eran previsibles.

Con este panorama, la nueva gestión municipal asumirá el desafío de encarar conflictos sociales, obligaciones económicas y proyectos pendientes en una de las ciudades más importantes del país.