Cinco organizaciones de la sociedad civil —Fundación Jubileo, Fundación Milenio, Fundación Solón, el Club de Ginebra y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)— emitieron un comunicado conjunto para denunciar el intento del Gobierno de Luis Arce de aprobar de manera urgente dos proyectos de ley que habilitarían contratos con la empresa china Hong Kong CBC y la rusa Uranium One Group para la explotación del litio boliviano.

Según estas instituciones, los proyectos de ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025, que están en trámite en la Asamblea Legislativa Plurinacional, presentan serias deficiencias que comprometen el futuro económico y ambiental del país en un momento de alta incertidumbre política y crisis económica.

Los documentos, que califican de contratos desventajosos, serían aprobados a escasos días de las elecciones nacionales, un proceso que, según estas organizaciones, no debería corresponder al actual Gobierno ni a la actual Asamblea.

Entre las principales observaciones, las fundaciones apuntan que los contratos son “incompletos, confusos e incongruentes” y carecen de garantías técnicas sobre la tecnología propuesta para explotar el litio en condiciones extremas como las del Salar de Uyuni.

Además, critican la ausencia de un plan de negocios sólido que demuestre la viabilidad económica de las inversiones en un mercado global del litio “altamente volátil e incierto”, donde los precios actuales del carbonato de litio no cubrirían los costos de producción.

Los riesgos financieros, señalan, serían transferidos al Estado a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que se comprometería a reembolsar a las empresas extranjeras inversiones y costos mediante la producción de carbonato de litio, basándose en proyecciones “sobredimensionadas y poco realistas”.

También alertan que los contratos contienen cláusulas técnicas y financieras “desproporcionadamente favorables” a las empresas chinas y rusas, reduciendo la rentabilidad que debería corresponder a Bolivia. En materia ambiental, denuncian la falta de estudios científicos y la ausencia de mecanismos claros para mitigar impactos, además de no garantizar el cumplimiento del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada de las comunidades afectadas.

Advierten que la aprobación de estos contratos dificultaría la renegociación futura de regalías mineras, actualmente fijadas en un 3% para Potosí y municipios productores.

Ante esta situación, exhortan a la Asamblea Legislativa Plurinacional a rechazar los proyectos y llaman a la ciudadanía, instituciones y líderes sociales a mantenerse vigilantes para proteger los recursos estratégicos del país.