El Ministerio Público inició un proceso de reestructuración interna que contempla la desvinculación de más de 60 funcionarios a nivel nacional. Así lo informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, quien señaló que las decisiones responden al objetivo de reconstruir la institución y revisar la permanencia de servidores sobre los que existen antecedentes o denuncias.

López confirmó que varios funcionarios ya recibieron o están recibiendo memorándums de agradecimiento de servicios, y aclaró que la cifra podría aumentar a medida que avance el proceso.

“Son más de 60 funcionarios a nivel nacional que están recibiendo o que han recibido su memorándum de agradecimiento”, afirmó la autoridad.

Las desvinculaciones continuarán

El fiscal departamental explicó que las salidas se realizarán de manera gradual, debido a que la desvinculación simultánea de fiscales o servidores que conocen determinadas investigaciones podría ocasionar retrasos en los procesos judiciales.

“No queremos generarnos una retardación de justicia cuando lo que necesitamos es celeridad”, manifestó López.

Asimismo, adelantó que próximamente podría conocerse la lista completa de los funcionarios alcanzados por estas decisiones.

Dos fiscales ya habían sido desvinculados

López también se refirió a Gerardo Balderas y Julio César Porras, funcionarios del Ministerio Público cuyos nombres fueron incluidos en una lista difundida por Estados Unidos, en la que se anunciaron restricciones de visa para ciudadanos bolivianos.

La autoridad aseguró que ambos fueron desvinculados mediante memorándums fechados el 20 de octubre de 2026, antes de que se conociera públicamente la nueva lista estadounidense.

“Estos memorándums de agradecimiento son de fecha 20 de octubre del 2026”, sostuvo.

Según explicó, las decisiones no fueron tomadas a raíz de la publicación de Estados Unidos, sino que respondieron a antecedentes y denuncias que ya eran conocidos dentro del Ministerio Público.

Restricciones de visa y posibles investigaciones

El fiscal departamental aclaró que la inclusión de una persona en una lista de restricciones de visa de otro país no constituye, por sí sola, un motivo suficiente para iniciar una investigación penal en Bolivia.

“El hecho de que un país extranjero tome la decisión de retirarle la visa es respetable porque tiene sus motivos particulares, lo que no quiere decir que nosotros de golpe podamos hacer leña del árbol caído”, señaló.

López agregó que, para abrir una investigación, la Fiscalía y la Policía deben contar con elementos de convicción suficientes.

De esta manera, el Ministerio Público continuará con el proceso de reestructuración institucional y las desvinculaciones previstas, mientras se espera conocer la lista completa de funcionarios alcanzados por la medida.