En el nuevo panorama político a partir del 8 de noviembre, cuando una nueva administración tome el mando de la nación, Evo Morales podría enfrentar, de momento, dos juicios de responsabilidades.

La oposición parlamentaria anunció que uno de los primeros pasos de la próxima legislatura será presentar un proceso contra el expresidente, que gobernó el país de 2006 a 2019, vinculado a las muertes en el caso del Hotel Las Américas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en 2024 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el “Caso 13.546”, relacionado con presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante el operativo policial en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, en 2009.

En ese recinto murieron acribillados el irlandés Michael Dwyer, el boliviano Eduardo Rózsa y el rumano-húngaro Arpád Magyarosi, mientras que el húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic fueron detenidos y posteriormente denunciaron al Estado boliviano en instancias internacionales por torturas.

El candidato presidencial de Libre, Jorge Quiroga, que disputa la segunda vuelta electoral, ratificó que su bancada parlamentaria promoverá este juicio de responsabilidades.

Paralelamente, el exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz, anunció que presentará un pliego acusatorio ante la nueva Asamblea Legislativa contra Morales, a quien responsabilizó de iniciar la crisis de 2019 por su “insistencia en permanecer en el poder”.

De la Cruz subrayó que, en su criterio, Morales es tan responsable de las muertes en Sacaba y Senkata como la expresidenta Jeanine Añez, quien enfrenta un juicio penal por haber ordenado la intervención de las Fuerzas Armadas en ese contexto.

El abogado y exdirigente sindical adelantó que planteará formalmente a la nueva Asamblea la demanda contra Morales por las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, en 2019, que dejó más de una treintena de muertos.

De la Cruz consideró también que “Morales ocasionó un daño económico al Estado al no acatar el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 y forzar su habilitación como candidato”.