La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mantiene un promedio superior a 800 deportaciones diarias en los últimos seis meses, alcanzando cifras no vistas desde el gobierno de Barack Obama.

Datos internos obtenidos por CBS News revelan que, durante el inicio del segundo mandato de Donald Trump, se registraron cerca de 150.000 expulsiones, con una proyección de más de 300.000 al finalizar el año fiscal, superando así los números de 2014.

Aunque este avance es significativo, todavía está por debajo del objetivo de un millón de deportaciones anuales planteado por la administración.

El ICE ha recibido recursos sin precedentes mediante la ley One Big Beautiful Bill Act, que destinó 45.000 millones de dólares para nuevos centros de detención y 30.000 millones adicionales para financiar procesos de deportación.

Con este presupuesto, la agencia planea contratar a 10.000 agentes adicionales, aumentando la capacidad para identificar y arrestar a personas en situación irregular.

Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó más de 112.000 expulsiones en el mismo periodo, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional informó sobre más de 13.000 auto-repatriaciones voluntarias, incentivadas por un bono económico.

La política migratoria actual ha revertido medidas de la administración anterior y ampliado los criterios de detención, lo que generó protestas en distintos estados.

Legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles critican el impacto en solicitantes de asilo, trabajadores esenciales y personas sin antecedentes penales.

Pese a ello, la administración insiste en que toda persona en situación irregular está sujeta a arresto y procesamiento, reafirmando su compromiso de mantener un control migratorio estricto.