El gobierno de Ecuador avanza en una reforma estructural del sistema penitenciario con el objetivo de retomar el control estatal sobre los centros de privación de libertad y liberar a las fuerzas del orden de tareas no misionales.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la incorporación de 10.000 nuevos funcionarios, especialmente exuniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, para fortalecer la administración del sistema carcelario.

La iniciativa responde a una realidad crítica: violencia carcelaria, hacinamiento, corrupción y presencia activa de bandas criminales en los penales.

La medida busca profesionalizar el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y reducir la dependencia operativa de policías y militares en servicio activo, quienes podrán retomar labores en patrullaje, inteligencia y lucha contra el crimen organizado.

Durante una entrevista con FM Mundo, el 31 de julio de 2025, Reimberg explicó que el nuevo personal será capacitado para asumir tanto funciones administrativas como operativas dentro de las cárceles.

La selección priorizará a exuniformados con formación técnica y experiencia en seguridad. Este proceso se desarrollará por etapas, dando prioridad a los centros penitenciarios más conflictivos.

“El SNAI será transformado en una entidad profesional, con funcionarios capacitados y decisiones correctas en la administración de todas las cárceles del país”, sostuvo el ministro.

También destacó que esta transformación se da en el marco de una “guerra frontal contra el crimen organizado”, impulsada por el Ejecutivo, que incluye también medidas como operativos conjuntos del Bloque de Seguridad y denuncias públicas contra fiscales y jueces que habrían favorecido a criminales.

Reimberg aseguró que actualmente el sistema judicial opera con mayor rigor, evitando liberar a delincuentes como ocurría en el pasado. El Gobierno, añadió, ha expuesto a operadores judiciales cuyas decisiones han ido en contra del interés ciudadano.

La reforma se da en un contexto de reestructuración del aparato estatal, con nuevas fusiones ministeriales, despidos en el sector público y ajustes presupuestarios.

La transformación penitenciaria, sin embargo, es uno de los ejes centrales del plan de gobierno para recuperar la gobernabilidad y enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado.

El Ejecutivo también ha dispuesto que el sistema penitenciario pase a depender del Ministerio de Gobierno, buscando mayor coordinación institucional. Con esta medida, se espera no repetir experiencias fallidas en las que se designaba a civiles sin preparación para roles clave dentro del sistema carcelario.

Si se concreta como está previsto, la incorporación de los nuevos funcionarios representará un paso decisivo en la estrategia de control territorial dentro de las cárceles, que han sido epicentros de violencia, fugas, asesinatos y alianzas delictivas en los últimos años.