Iván Kriúkov y Alexandr Cherepánov, dos ciudadanos rusos sentenciados por colaborar con Ucrania en un intento de atentado terrorista, se fugaron de una prisión en Yekaterimburgo, en los Urales, según informaron este lunes medios locales. Ambos tenían 24 años y enfrentaban condenas de nueve y siete años, respectivamente, tras ser detenidos en mayo de 2023 cerca de una oficina de reclutamiento militar, portando un bidón de gasolina.

De acuerdo con la investigación policial, agentes de los servicios secretos ucranianos les habrían prometido una recompensa de 40.000 rublos (unos 500 dólares) por incendiar el edificio. A pesar de las acusaciones, amigos de los fugitivos los describieron como “dos chicos rusos de lo más normales. Siempre fueron tranquilos”, según el canal de Telegram E1.ru. El criminólogo Danil Serguéyev, de la Universidad Jurídica Estatal de los Urales, señaló que la falta de personal penitenciario es una de las principales causas de este tipo de incidentes.

La fuga se produce en un contexto de creciente severidad judicial en Rusia contra cualquier vínculo con Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. El endurecimiento de penas por cargos de terrorismo, extremismo y traición busca disuadir la colaboración o incluso la simpatía hacia el país vecino. Este lunes, la Justicia rusa condenó a seis años de prisión a Alexéi Shoshin, de 18 años, por intercambiar mensajes con la Legión de la Libertad de Rusia, un grupo de voluntarios que combate del lado ucraniano.

Otros casos recientes reflejan la dureza del sistema judicial ruso: en abril de 2024, Vladlen Menshikov recibió 14 años de cárcel por supuesta cooperación con la Legión de la Libertad de Rusia en sabotajes ferroviarios; en agosto, la bailarina ruso-estadounidense Ksenia Karelina fue sentenciada a 12 años por donar 52 dólares a una organización humanitaria ucraniana; y en marzo de 2025, el británico James Scott Rhys Anderson fue condenado a 19 años por presunta participación como mercenario en Kursk. Organismos de derechos humanos y el Gobierno estadounidense denunciaron estos casos como ejemplos de represión política.

El sistema penitenciario ruso enfrenta además déficits estructurales, con escasez de personal y condiciones precarias. En 2024 se registraron otras fugas, como en Lipetsk, donde los reclusos escaparon mediante un túnel. A pesar de estas debilidades, la represión judicial se ha consolidado bajo el liderazgo de Vladímir Putin como un instrumento de control político y social en el marco del conflicto con Ucrania.