Los diputados de la alianza Unidad, Carlos Alarcón y Juan Del Granado, votaron por no abrogar la Ley 1720 de conversión de tierras durante la sesión maratónica desarrollada en la Cámara de Diputados, donde finalmente se aprobó la anulación de la norma en sus dos estaciones.

La madrugada del sábado, el pleno de Diputados aprobó la abrogación de la Ley 1720, normativa que permite la reconversión de la pequeña a mediana propiedad. La votación se realizó de manera nominal y evidenció posiciones divididas entre legisladores y sectores sociales.

Durante el debate, el diputado Carlos Alarcón cuestionó que sectores sociales ejerzan presión sobre los órganos Legislativo y Ejecutivo para impulsar la modificación o eliminación de leyes mediante medidas de presión.

“¿En qué momento vamos a hacer respetar el derecho de los bolivianos? Con esta abrogatoria estamos sentando un precedente nefasto para el país. No podemos ceder ante los sectores violentos”, manifestó Alarcón durante su intervención en la sesión.

Aunque el legislador señaló inicialmente que se abstendría de votar a favor o en contra de la medida, finalmente emitió su voto por el “no” a la abrogación de la ley. Juan Del Granado también votó en contra de dejar sin efecto la normativa.

Tras varias horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley en grande y detalle. La presidenta en ejercicio de Diputados, Daniela Cabrera, informó que la norma será remitida a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, señaló Cabrera.

De acuerdo con algunos legisladores, el tratamiento del proyecto estaba previsto para este martes en la Cámara de Senadores. La sesión fue convocada para las 14:30; sin embargo, hasta las 16:30 no se había instalado.

Mientras tanto, indígenas de Pando y Beni mantienen una vigilia en inmediaciones de la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, exigiendo la abrogación de la Ley 1720.

En paralelo, sectores productivos del país se declararon en emergencia ante la intención de dejar sin efecto la normativa y anunciaron reuniones para definir medidas en defensa de la ley.