En Santa Cruz, el municipio estaría enfrentando una de sus crisis más profundas, según denuncias ciudadanas que advierten la pérdida sistemática de terrenos debido a una supuesta red de corrupción. La situación afecta especialmente a zonas ecológicas sensibles como el cordón del río Piraí, donde se estaría permitiendo una urbanización ilegal que acelera la destrucción del ecosistema.

Los vecinos y activistas denuncian que esta situación responde a un mecanismo organizado en el que actores privados, funcionarios municipales y autoridades jurídicas estarían involucrados. Señalan que el Gobierno Municipal, pese a contar con información y respaldo legal, no defiende adecuadamente los procesos, lo que resulta en la pérdida continua de predios estratégicos para la ciudad.

De acuerdo a las denuncias, hay una estructura de cuatro niveles que permite que los procesos judiciales se pierdan deliberadamente. Entre ellos están los privados que impulsan los asentamientos, funcionarios municipales que no cumplen su rol defensor, departamentos jurídicos que no actúan con eficiencia, y actores políticos que boicotean la fiscalización.

Asimismo, se acusa a ciertas autoridades municipales y sus allegados de bloquear auditorías que podrían frenar estos hechos, lo que refuerza la idea de que se estaría facilitando la ocupación ilegal de terrenos públicos. La población exige una investigación transparente e inmediata.

Este escenario se agrava ante la inacción de los concejales y el respaldo de figuras políticas con influencias externas. La ciudadanía pide acciones firmes para frenar esta supuesta red de corrupción que está comprometiendo el futuro territorial y ecológico de Santa Cruz.