La Contraloría General del Estado solicitó a la Dirección General de Migración adoptar las previsiones necesarias para cumplir la normativa que obliga a exautoridades a permanecer en el país, en el marco de la conclusión de la gestión de los gobiernos subnacionales.

En Santa Cruz, el gerente general departamental de la Contraloría, Glauco Montero Osinaga, remitió una nota dirigida a la responsable de Migración, Fanny Marcela Linares, recordando el cumplimiento obligatorio de esta disposición legal.

La normativa alcanza a gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales municipales, así como a las máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

En ese contexto, la Contraloría recomendó a Migración actuar bajo principios de legalidad, coordinación interinstitucional, transparencia y continuidad de la gestión pública, adoptando acciones que garanticen el cumplimiento de la norma.

Actualmente, la Gobernación cruceña y los gobiernos municipales se encuentran en pleno proceso de transición, mientras las nuevas autoridades se preparan para asumir funciones el próximo 4 de mayo.

La solicitud se enmarca en la Ley 1709, que amplía de tres a seis meses el plazo de permanencia obligatoria para exautoridades, con el objetivo de garantizar el tiempo necesario para la revisión de informes, rendiciones de cuentas y el análisis de la gestión saliente.

Asimismo, la norma faculta a la Dirección de Migración a tomar medidas para evitar que exfuncionarios públicos abandonen el país antes de quedar exentos de responsabilidad.