El decano del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y la consejera Paula Araoz se desmarcaron públicamente de un comunicado difundido a nombre de esa institución, que rechazaba las denuncias sobre el presunto vínculo de un asesor de la Presidencia con el alquiler de un departamento al exfiscal general Roger Mariaca.

La denuncia circuló en redes sociales y señala que un asesor de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, encabezada por Carlos Spencer, habría alquilado un departamento a Mariaca, quien actualmente se encuentra encarcelado por una investigación relacionada con una supuesta protección al narcotráfico.

Mediante una nota aclaratoria, Baptista y Araoz aseguraron que no autorizaron ni respaldaron ningún pronunciamiento que pudiera interpretarse como una exoneración anticipada de responsabilidades o una protección institucional a favor de alguna autoridad, asesor o funcionario.

El comunicado cuestionado llevaba la firma institucional del Consejo de la Magistratura y rechazaba las acusaciones, al considerar que se trataba de afirmaciones sin sustento que podían generar confusión en la opinión pública y afectar la imagen de la entidad.

Los dos consejeros remarcaron que ninguna autoridad institucional debe afirmar o descartar categóricamente hechos que podrían estar sujetos a una investigación penal. Señalaron que corresponde al Ministerio Público, con participación de la Policía Boliviana, esclarecer las denuncias, verificar posibles vínculos y determinar eventuales responsabilidades individuales, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, no se había pronunciado hasta la fecha sobre la controversia ni sobre las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, relacionadas con posibles nexos de Roger Mariaca y del prófugo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, con la institución.

Las posiciones públicas de Baptista y Araoz evidencian una ruptura interna en el Consejo de la Magistratura, entidad encargada de la administración, el control, la fiscalización y el régimen disciplinario de jueces y personal de apoyo del sistema de justicia boliviano.